El Gobierno vasco exigió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la actuación de los jueces Guillermo Ruiz Polanco y Baltasar Garzón en el caso de los cuatro jóvenes de Navarra que, tras permanecer dos años en prisión acusados del asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica, han sido puestos en libertad sin cargos.

Los partidos nacionalistas realizaron también una rotunda condena de la actuación judicial y policial y, al igual que la dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, reclamaron el esclarecimiento de las torturas denunciadas por Ainhara Gorostiaga, una de las detenidas que reconoció ante la Guardia Civil que ella y los otros tres jóvenes participaron en el atentado.

"¿Qué cosas se pueden llegar a hacer a una persona para que confiese ser la autora de un asesinato que no ha cometido?", se preguntó la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate. Se refería a la confesión de Gorostiaga ante la Guardia Civil, que le interrogó en febrero de 2002. Además de a sí misma, implicó a Mikel Soto, Jorge Txokarro y Aurken Sola en el asesinato del edil, cometido el 14 de julio del 2001.

Sin embargo, los cuatro jóvenes negaron después ante el juez cualquier implicación en el atentado y Gorostiaga denunció torturas. Meses después, los etarras Andoni Otegi y Oscar Zalarain fueron arrestados en Francia. En septiembre de 2002 declararon ante la juez Laurence Le Vert ser los autores del asesinato de Múgica.

Está información, que exculpaba a los cuatro navarros, se puso en conocimiento de la Audiencia Nacional el pasado febrero. Polanco decidió la libertad de tres de ellos; Garzón firmó el lunes la de Gorostiaga.

El Gobierno vasco dijo que el caso "se parece al de los cuatro de Gilford", en alusión a los irlandeses condenados sin pruebas por asesinato y que dio origen a la película En el nombre del padre .

Además, la dirección de Derechos Humanos apuntó que el caso cuestiona "de forma inapelable" el proceder de las dos policías. Juzga también "especialmente condenable" la nula diligencia en pasar la información de Francia a España. La contundente denuncia contrastó con el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz (UPN), que manifestó su "respeto" a la decisión de Garzón.