La Generalitat amañó contratos públicos y entregó hasta 500 millones de euros entre el 2011 y el 2015 con Artur Mas como presidente. Según El Español, los contratos fueron manipulados con el 'exconseller' de Justícia, Germà Gordó, y el extesorero de CDC Andreu Viloca, ambos al frente de la trama de saqueo.

La documentación estudiada por el rotativo demuestra que se dedicaron a adjudicar contratos a empresas afines al partido que más tarde les financiaron con cuantiosas sumas de dinero. Para ello se utilizaron empresas públicas de la Generalitat, como la Oficina Técnica de Adjudicaciones (OTA), que teóricamente revisaba las valoraciones de los técnicos y evitaba que fueran comprados por las constructoras, pero en realidad, siempre según los documentos aportados por el citado diario, se creó para modificar las licitaciones al gusto de CDC. Desde esta oficina, se cambiaban puntuaciones y se facilitaba la obtención de contratos públicos. El máximo responsable de OTA, Jaume Cortasa, admite en un documento que el director general de Infraestructures, Josep Antoni Rosell, le requería variar la puntuación de la empresas presentadas para manipular el resultado del concurso.

Por otra parte, con la fusión de Regs de Cataluña y Regs del Sistema Segarra-Garrigues se creó Gerencia de Infraestructures (GISA) y se concentró en este organismo todo el poder de la licitación pública. Según El Español, en el 2012 la Generalitat multiplicó las cantidades que pasaban por las licitaciones de GISA y después por Infraestructures. En 2011 se otorgaron 31 millones de euros; en 2012, 98 millones; en 2014 se llegó a los 157 y en 2015 hasta los 176. La magnitud de las licitaciones se multiplicó por cinco desde la fusión. Asimismo, en el 2012 CDC recibió más fondos de donantes que en años anteriores, concretamente 1.2 millones de euros según las mismas fuentes.