El Govern de Carles Puigdemont contaba, antes del 1-O, con informes que planteaban la creación de un ejército integrado por entre 18.000 y 22.000 efectivos para un eventual Estado catalán. Los datos aparecen en un documento de la Guardia Civil, elaborado tras analizar el contenido de los 53 correos electrónicos intervenidos al exsecretario de Hisenda Lluís Salvadó, uno de los detenidos el pasado 20 de septiembre por los preparativos del referéndum unilateral.

Salvadó envió un correo, el pasado 6 de septiembre, a una cuenta genérica de la vicepresidencia de la Generalitat en el que adjuntaba un documento titulado "La seguridad en la República catalana: primeros planteamientos", informa Efe. Una vez analizada la situación de países como Austria o Dinamarca, el informe considera que la "república" debería plantearse si quiere un cuerpo de defensa formado por profesionales o por milicias, además de su rol internacional.

El documento señala que el servicio militar obligatorio tiene una imagen "muy negativa" entre los catalanes "debido a la asociación mental que se hace con el Ejército español", por lo que deja ese debate para más adelante. En todo caso, señala que "es más recomendable" que Catalunya tenga un cuerpo propio, proporcionado y bien entrenado.

Tras apuntar que la sociedad catalana tiene un sentimiento antiimperialista, reticente a EEUU y a la OTAN, remarca que, para conservar la independencia, es preferible integrarse en "instituciones internacionales que mantenerse al margen".

Como Montenegro y Kosovo

El Ejecutivo de Puigdemont también barajó la posibilidad de mantener el euro como moneda oficial de una Catalunya independiente de "forma unilateral y sin ninguna necesidad de acuerdo, como hacen Montenegro y Kosovo", en el caso de que el nuevo Estado no fuera reconocido ni por España ni por la Unión Europea (UE).

En uno de los correos electrónicos que la Guardia Civil intervino a Salvadó, titulado "material", la entonces directora general de Planificació i Estudis Fiscals Montse Pereto le envió un informe "confidencial" elaborado por un asesor de los eurodiputados de ERC sobre los distintos escenarios posibles. Fechado en mayo del 2015, concluye que, una vez se declare la independencia, "tendrá que haber un acuerdo político, tarde o temprano, en primera instancia entre Catalunya y España, y después con la Unión Europea", ya que las instituciones comunitarias apostarán por la negociación tanto por su "propio interés como de las empresas multinacionales".

Si Catalunya quedara fuera de la UE, añade, sería posible mantener unas "negociaciones paralelas" con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que "podrían facilitar el acceso a la Eurozona a posteriori".