La Guardia Civil ha detectado cuatro transferencias bancarias por un importe de 159.700 euros realizadas entre septiembre y octubre del 2017 por la Delegación de Cataluña ante la Unión Europea (UE) en Bruselas y que, según los investigadores, sirvieron en su mayor parte para pagar los desplazamientos de los observadores internacionales que participaron en el referéndum unilateral del 1-O. Los agentes han requerido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga al Gobierno catalán cesado por rebelión, que les autorice a interrogar como testigo al que era representante de la oficina catalana en la capital belga. El instituto armado ha constatado, además, que la Generalitat pagó casi un millón de euros a la empresa de transporte Unipost por enviar las cartas a los miembros de las mesas electorales y para las tarjetas censales de la consulta.

Los agentes de la Guardia Civil que están investigando los preparativos del 1-O han remitido en los últimos días varios informes sobre sus pesquisas al juez Llarena. Algunos de ellos se centran en los gastos que el cesado Gobierno presidido por Carles Puigdemont pudo haber destinado al referéndum unilateral. El objetivo final es sustentar la comisión de un delito de malversación de fondos por el uso de dinero público en la organización de la consulta.

Los investigadores ya consideraban acreditado que se habían destinado 503.639 euros a publicidad en los medios y ahora se añaden 979.661 que la Generalitat pagó a Unipost y las sospechosas transferencias realizadas desde una cuenta en el BBVA de la Delegación de Cataluña ante la UE. También se están rastreando los dominios en internet de las páginas relacionadas con el referéndum y cuya titularidad se ocultó expresamente para no dejar huella.

Las transferencias bajo sospecha con el paraguas de la legación catalana en Bruselas se realizaron entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre del año pasado, ocho días después del referéndum unilateral. Dos de esos traspasos, por un importe de 119.700 euros, fueron a parar por «contrato de servicios» a The Hague Centre for Strategic Studies, que la Guardia Civil señala como la entidad que financió los traslados de avión y alojamiento de los observadores internacionales.