La Guardia Civil sostiene en un nuevo informe remitido al juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona en la época de CiU, que existe una "trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controladas por una determinada fuerza política" que a través de subvenciones a entidades soberanistas podría haber financiado "acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización" del proceso soberanista catalán.

En el epicentro de estas sospechas, los agentes sitúan a la fundación Catmon y a la asociación Igman, impulsadas por Víctor Terradellas, hombre de confianza del expresidente Carles Puigdemont y exsecretario de relaciones internacionales de CDC. El instituto armado propone que se cite a declarar como imputados a 48 personas, entre ellos exaltos cargos de la Diputaciónde Barcelona y los representantes de las entidades que percibieron dinero público en expedientes bajo sospecha.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, detalla que de las investigaciones se desprende la existencia de esa trama y precisa que este hecho no se puede abstraer del "contexto político y social actual", en el que "las fuerzas soberanistas catalanas han impulsado un proceso de independencia al margen de las vías constitucionales que se fundamenta, entre otras cosas, en acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización que necesariamente han de ser financiadas".

En este mismo sentido, subraya que esa financiación "podría haberse encauzado, al menos en parte y tal como esta investigación parece discernir, a través de subvenciones públicas a entidades directamente vinculadas con el proceso soberanista y con aquella formación política, entre ellas Catmon e Igman". Según la Guardia Civil, Terradellas, fundador de estas dos entidades, ha percibido fondos de CDC, de Catmon, de Igman (su presidente fue el actual diputado de JxCat Francesc de Dalmases) y de Catdem, una fundación vinculada a Convergència y que está siendo investigada en el 'caso 3%'.

Estrategia independentista

El informe relata que Terradellas "es perfecto conocedor y partícipe de la estrategia a seguir para implementar" la república catalana, hasta "el punto de disponer de la copia del acta del Comité Nacional del PDECat del 2 de octubre del 2017" (un día después del referéndum unilateral). "Lo que esta investigación permite acreditar es que esa estrategia, al menos parcialmente, estaría siendo financiada con fondos públicos que se habrían canalizado hacia entidades favorables a la independencia a través de subvenciones cuyo verdadero fin nada tendría que ver con aquel para el que en teoría fueron concedidas", señala. Terradellas, sin embargo, siempre ha negado este extremo y ha defendido que las subvenciones se destinaron a los fines previstos.

Los agentes consideran que Jordi Castells Masanés, que fue director de relaciones internacionales de la Diputación durante el mandato 2011-2015 y que fue detenido en la macrooperación desplegada en mayo del 2018, otorgó "un trato favorable" tanto a Catmon como a Igman, "llegándose a encargarse de preparar la documentación justificativa de las subvenciones percibidas y ello a pesar de disponer de informes jurídicos desfavorables". Ese trato, según la Guardia civil, también se "ha evidenciado" desde la consejería de Presidencia (es subdirector general de Coorporación Local).

"Graves irregularidades"

Entre el 2013 y el 2016, Igman y Catmon contabilizaron 1,2 millones de euros de subvenciones públicas. Y no solo de la Diputación de Barcelona, sino también de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona cuando Xavier Trias (CiU) fue su alcalde. "De todas estas instituciones la fundación Catmon percibió fondos públicos, llegando a utilizar las mismas facturas para justificar la ejecución de los proyectos subvencionados, algo que parece poner de manifiesto que la verdadera voluntad era captar fondos públicos, siendo completamente secundarios los proyectos" y las ayudas ligados a los mismos. Para los investigadores, existen "graves irregularidades en su tramitación y concesión" .