Después de la tormenta no siempre llega la calma. La que se desató por los lazos y las estelades colgados en los edificios públicos catalanes, por ejemplo, ha derivado en querellas cruzadas, que se materializaron ayer. La de la Fiscalía Superior de Cataluña contra Quim Torra, por no haber atendido a tiempo el mandato de retirar los símbolos independentistas; y la del presidente de la Generalitat contra la Junta Electoral Central (JEC), por presunta prevariación.

La fiscalía acusa al president de desobediencia por desatender «reiteradamente» los avisos de la Junta Electoral, lo que «incide en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía», que en periodo electoral «debe ser tutelado y preservado».

Torra intentó burlar el ultimátum de la JEC del 18 de marzo sustituyendo la pancarta a favor de los «presos políticos» y con el lazo amarillo por otra con el mismo mensaje pero con un lazo blanco. La fiscalía considera que con esa actitud buscaba «enmascarar» su desacato al mismo tiempo que mantenía los mensajes «partidistas». El president se enfrenta a una condena por inhabilitación para cargo público entre seis meses y dos años.