Dice el líder del PP, Pablo Casado, que el Gobierno está aprobando en sus viernes sociales medidas que «no va a poder pagar» y que Pedro Sánchez está actuando como quien pide una ronda para todos en el bar pero le deja la factura al que viene detrás. Lo cierto es que el Gobierno ha hecho sus cuentas y que, al menos sobre el papel, confía en el crecimiento económico para poder pagar el mayor gasto en pensiones del 2019, la subida de los sueldos públicos, los decretos leyes aprobados hasta ahora en el Consejo de Ministros y los previstos para los próximos viernes sociales, hasta las elecciones del 28 de abril.
A falta de las subidas de impuestos que Hacienda había incorporado en el nonato Presupuesto del Estado del 2019 (subidas de IRPF y Sociedades, tasa Google e impuesto financiero, entre otros), la ministra María Jesús Montero sigue contando algo más de 14.300 millones de ingresos adicionales respecto al 2018. Estos mayores ingresos proceden de la mayor recaudación vinculada al ciclo económico y de las medidas aprobadas en diciembre para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social, según estimaciones extraídas del proyecto presupuestario. Los cálculos de la Autoridad Fiscal Independiente rebajan la previsión de ingresos adicionales por cuotas e impuestos en unos 400 millones.
MÁS GASTO / Por su parte, las nuevas medidas de gasto conocidas hasta ahora con impacto en las cuentas rondan los 11.300 millones. En particular, las medidas adoptadas o anunciadas dentro de los viernes sociales representan poco más de 750 millones dentro de ese total. Aquí se incluye el aumento de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad este año (unos 225 millones para los 9 meses de aplicación, desde el 1 de abril) y la cotización de las cuidadoras no profesionales a cargo del Estado (unos 262 millones para los 10 últimos meses del 2019). El anuncio de Pedro Sánchez de recuperar el subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años puede representar otros 270 millones para lo que queda de año, según las cuentas del Gobierno.
La mayor parte de esos 11.300 millones de mayor gasto en el 2019 corresponde a la deriva de las pensiones (9.300 millones adicionales) y a la subida salarial de los funcionarios (867 millones), dos partidas heredadas del anterior Gobierno, del PP, y adoptadas por decreto ley en diciembre. Además, el efecto de la subida del SMI en la administración central añade otros 340 millones de gasto.
Hacienda quiere actualizar ya las entregas a cuenta a autonomías y ayuntamientos, pero eso no supone un gasto adicional en el año sino su adelanto en unos meses. Algo parecido sucede con la potente oferta de empleo público anunciada por la ministra Meritxell Batet.
AJUSTE PRESUPUESTARIO / Lo cierto es que la previsión de unos ingresos adicionales en torno a los 14.000 millones para atender un mayor gasto de unos 11.000 millones en el 2019 pueden llevar a la conclusión de que las medidas adoptadas hasta ahora sí encuentran acomodo presupuestario. Por eso, todos los organismos y servicios de estudio, coinciden en que el déficit público del 2019 será inferior al del 2018 (en torno al 2,7% del PIB).
Pero también es cierto que, según cálculos de Hacienda adoptados de la Comisión Europea, la prórroga presupuestaria (y la ausencia de subidas tributarias) va a hacer derrapar el déficit público hasta el entorno del 2,4% del PIB, muy lejos del objetivo oficial del 1,3% y de la meta del 1,8% que el Gobierno pretendía adoptar previa reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Ello endosa al nuevo Gobierno que salga de las urnas tras el 28 de abril la necesidad de un ajuste presupuestario descomunal, de unos 13.800 millones, si se pretende bajar el déficit del 2,4% estimado al 1,3% que marca el objetivo oficial. Y apenas se contará con medio año para implementarlo, después de que se constituya el nuevo Gobierno.
