Carecer de Presupuestos obliga a una política de parches y limitaciones, y a los reproches mutuos entre los actores que podrían haber hecho posible aprobar esas cuentas: las del Estado y las de la Generalitat, cuyos partidos vetaron los Presupuestos de Pedro Sánchez y ahora exigen anticipos de inmediato. Pues bien, el Ministerio de Hacienda se está topando con dificultades jurídicas para anticipar a las autonomías, por decreto ley y antes de las elecciones del 28-A, las mayores cantidades del sistema de financiación autonómica que les corresponde en el 2019. Al Govern, además, le rebotan dos reproches: el del PSC y los comuns, por no aprobar las cuentas del Estado, y el del tercer sector social, cuyas empresas están al límite tras 10 años con las tarifas congeladas y facturas pendientes desde hace meses.

El proyecto de Presupuestos para el 2019 que fue tumbado por el independentismo incluía una mayor financiación de las comunidades autónomas por un total de 6.671 millones de euros, de los que 1.560 millones correspondían a Cataluña. Tras la no aprobación del proyecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció su propósito de adelantar por decreto ley las mayores entregas a cuenta (en una cantidad algo inferior a los 6.671 millones previstos, pues la no aprobación de las cuentas también impidió la mayor recaudación que se hubiera derivado de la subida de impuestos programada).

COMPROMISO EN EL AIRE / El propósito era hacer llegar el dinero a las comunidades antes de las elecciones. Fuentes del Ministerio de Hacienda, confirman que este sigue siendo el propósito, pero admiten que las dificultades jurídicas que están encontrando deja el compromiso en el aire. La diputada del PSC, Alicia Romero, lanza el dardo: «La diferencia con otras autonomías es que la mayoría han aprobado sus presupuestos y la Generalitat ni tan siquiera lo ha intentado. No es culpa del Gobierno central que el Ejecutivo catalán no haya buscado otras formas de tener más ingresos».

Los comuns, pieza clave en la negociación de las cuentas del Govern, que alegó que ni las registraba al no tener garantizada su tramitación, también responden con contundencia: «La Generalitat se ha disparado en el pie. Decir que vas al bloqueo es eso. Si hubieran aprobado los Presupuestos del Estado, no estaríamos en esta situación y no habría los problemas de tesorería, que pueden ser muy graves a final de año», opina el diputado David Cid, de los comuns.

Esos problemas son los que describirán hoy con números en la mano las centenares de entidades sociales de sectores tan clavescomo la infancia, la discapacidad o las personas mayores. La Confederación Empresarial del Tercer Sector denunciará que la falta de presupuestos en Cataluña agrava, aún más si cabe, la situación de «infrafinanciación crónica» que sufren.

Ello significa que la Generalitat lleva diez años sin actualizar las tarifas que abona a las empresas sociales para atender a las personas que lo necesitan, mientras el coste de la vida y las necesidades sociales se han incrementado durante los años de crisis económica. Los sindicatos han convocado huelga en el sector.

PRESIÓN AL PSC / Budó prefirió subrayar que es el PSC el que debe presionar al PSOE para actualizar los adelantos del Estado a la Generalitat de unas cantidades que «no son del Estado» y que el Ejecutivo catalán «tiene derecho a recibir». Unas cantidades que se hubieran actualizado de inmediato, además de las cifras de inversión y las compensaciones por el Estatut de ejercicios pasados, siempre y cuando se hubieran aprobado los Presupuestos del Estado del 2019. Algo que dependía del mismo independentismo que ahora exige soluciones inmediatas al Gobierno que dejó caer.