El Ministerio de Hacienda ha rectificado. La responsable de las cuentas del Gobierno de España, María Jesús Montero, anunció este lunes en La Sexta que finalmente sí que impulsarán un nuevo real decreto para tratar de paliar la grave situación económica en la que andan enfrascados los ayuntamientos después de la caída de ingresos provocada por el covid. Así, la ministra afirmó que están trabajando en una nueva norma que, entre otras cuestiones, suspenderá la regla de gasto para los municipios en el presente ejercicio y permitirá que los alcaldes puedan utilizar sus superávits del 2018 y el 2019.

El impacto calculado de las nuevas medidas será de 3.000 millones de euros, lo que no significa que los ayuntamientos vayan a recibir esa cantidad por parte del Estado. El nuevo decreto permitirá que las entidades locales puedan hacer uso de sus propios recursos, embargados desde que el Gobierno de Rajoy aprobara, en el año 2012, la Ley Montoro, que impide a los pueblos y ciudades gastar los ahorros que generan año tras año. Lo que se deja fuera de la nueva norma son los aspectos que crearon más polémica entre el Ministerio y los alcaldes rebeldes, -entre ellos el de Zaragoza, Jorge Azcón-: la creación de un nuevo fondo de 5.000 millones de euros y la idea de que los municipios prestaran sus remanentes de tesorería al Estado.

La semana pasada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vio cómo su primera propuesta, muy rebatida por los primeros ediles de las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Cádiz, entre otras), era rechazada en el Congreso de los Diputados.

Después de aquello, aseguraron que no iban a promover un decreto nuevo, como sí exigían muchos alcaldes, que rechazaban también la idea de que el decreto del Gobierno hubiese sido tramitado como ley, puesto que aunque la norma se hubiera podido rectificar y se hubieran podido incluir alguna de las exigencias de las ciudades, el proceso se hubiera alargado mucho en el tiempo. Los regidores municipales defienden que necesitan el dinero ya. Finalmente, Montero sí que ha hecho una nueva propuesta, que en Zaragoza fue recibida con buenos ojos.

«Es necesaria, pero no suficiente», decía Azcón antes de entrar en una reunión con el resto de portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El alcalde de la capital aragonesa reclamó que la nueva oferta de Montero incluya también el fondo extraordinario de 5.000 millones y que este se reparta entre los municipios en función de su población.

En la reunión de la FEMP, Azcón pidió al presidente de esta federación de alcaldes, el socialista Abel Caballero (alcalde de Vigo) que rectificara su postura y que asumiera su responsabilidad «como representante de todos los alcaldes» y no solo como miembro del PSOE en la FEMP. Ahora, Azcón ha pedido conocer en detalle el texto del nuevo decreto del Gobierno antes de negociar. El popular expresó su voluntad de sentarse con la ministra de Hacienda junto con otros alcaldes para que se incluya en la nueva propuesta el ansiado fondo de los 5.000 millones.

«Si llevan el nuevo decreto a convalidar al Congreso sin negociar con nosotros corren el riesgo de sufrir otra derrota», dijo Azcón, que exige también que las conversaciones se inicien con los regidores locales y no con el resto de grupos parlamentarios del Congreso.

El anuncio de la ministra de Hacienda se conoció este lunes justo después de un pleno extraordinario convocado con el PSOE municipal, en el que pretendían denunciar la jugada política en la que Azcón, según ellos, había convertido la polémica generada con el anterior decreto sobre los remanentes. Así, ayer todos los grupos votaron a favor de una moción del PSOE para «instar a las Cortes generales» a iniciar los trámites de modificación de la Ley Montoro,

Los socialistas zaragozanos siempre han defendido que el «origen de todos los males» está en esta norma aprobada por Cristóbal Montoro, y aseguraron siempre que con la anterior propuesta de Hacienda a Zaragoza iban a llegar casi 70 millones de euros (46,5 millones de un fondo que Montero ofreció el pasado miércoles si el decreto se tramitaba como ley y 22 del fondo para el transporte público).

Así, la portavoz del PSOE municipal acusó al alcalde de «hacer seguidismo» a Génova y de poner sus intereses personales dentro del partido por encima de los de la ciudad, un argumento que Azcón siempre rebate enumerando los partidos políticos (desde Adelante Andalucía hasta Esquerra Republicana de Andalucía) que le han acompañado en la cruzada contra Hacienda.

Las reacciones al anuncio de Montero trascendieron la política municipal zaragozana. Así, Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón defendió que la nueva oferta de Hacienda demuestra la voluntad «de buscar soluciones de los socialistas». En ese sentido, Pérez apuntó que «el PP se está dedicando a organizar actos propagandísticos con mensajes triunfales» mientras que el Gobierno de Sánchez «está trabajando para recuperar las medidas de liquidez».

Desde el PAR, Arturo Aliaga también valoró «muy positivamente», a través de una nota de prensa, la suspensión de la regla de gasto para este año. El vicepresidente aragonés reconoció el «alivio» que supondrá esta medida, aunque todavía se desconoce cuándo será aprobada en el Consejo de Ministros. Habrá que ver el margen que el Gobierno central deja para la negociación y conocer si finalmente se incluye algún tipo de fondo extraordinario para las entidades locales.

¿Qué se incluirá en el nuevo decreto ley, que aún no tiene fecha de aprobación en el Consejo de Ministros?

-Se suspenderá la regla de gasto para el año 2020. Hacienda no descarta suspenderá también para 2021, como piden las corporaciones locales, pero advierte de que deberá hacerse a través de otra ley —quizá vía proyecto de Presupuestos del Estado—. Lo que se busca ahora es dar salida a una situación de "extrema necesidad" para las administraciones municipales.

-Se prorrogará para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.

-Se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial, calcula Hacienda, podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.

-Los ayuntamientos con problemas financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.

-Se permitirá asimismo que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con los bancos. Esta medida, subraya Hacienda, "permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste". "Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería", añade.

-Se establecen también las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018. Esto supone para los municipios 634 millones.

-Se recupera igualmente la instrumentación de los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de los ayuntamientos en tributos del Estado para el fin del ejercicio. Estos importes, indican en el equipo de Montero, "se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas". Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

-Se permitiría que las diputaciones provinciales puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Esta era una de las quejas de los ayuntamientos con déficit, que consideraban que el decreto anterior les dejaba fuera, ya que preveía la cesión de los remanentes al Estado en forma de préstamo. Así, según anticipa Hacienda, las diputaciones podrán formalizar préstamos con los consistorios y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas.

-Por último, se establece un procedimiento de tramitación urgente de "modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria".