El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón comenzó ayer los interrogatorios con los que pretende determinar en qué consistieron los servicios presuntamente ilícitos que el entramado de empresas del excomisario José Manuel Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, prestaron a los empresarios guatemaltecos Ángel y Álvaro Pérez Maura para obstaculizar la orden internacional de detención que pesaba contra este. Entre los interrogados, el hijo del expolicía, José Manuel Villarejo Gil, quien proporcionó teféfonos seguros a los implicados para evitar que fueran escuchados por el CNI.
En un auto, el magistrado impone a Villarejo Gil comparecencias quincenales y le prohíbe salir de prisión y le da 72 horas para que entregue su pasaporte. A otro de los implicados en la llamada operación Pit, el exinspector Antonio Bonilla, le ha impuesto a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción una fianza de 15.000 euros para eludir la cárcel por un delito de cohecho. Además, como medidas aseguratorias, el magistrado le ha prohibido abandonar el territorio español sin autorización judicial y le obliga a entregar el pasaporte y a presentarse quincenalmente en el juzgado más cercano a su domicilio.
El magistrado relata cómo Villarejo y su socio Rafel Redondo, en el seno de la organización criminal de la que formaban parte, recibieron «pagos a través de dos de las mercantiles de su compleja estructura societaria a cambio de la prestación de servicios incompatibles con la función de comisario de Policía que en aquella época ostentaba» el principal imputado en la causa.
Esos servicios contratados con sus clientes tenían un contenido manifiestamente ilícito, según el juez, “al menos por lo que respecta a la obstaculización de una orden internacional de detención para extradición y otros servicios de carácter delictivo que se enmascaran bajo el eufemismo a desarrollar en Guatemala, en los Estados Unidos y en España”.
Bonilla colaboraba con la trama de Villarejo desde septiembre de 2013, fecha que consta en el contrato intervenido con la empresa de seguridad del expolicía, Cenyt. En cuanto al que era embajador español Julio Ligorria, al que se ha prohibido salir del país, el magistrado destaca su actuación en el delito de cohecho que habrían cometido Ángel Pérez-Maura y Francisco Javier Soucheiron, «al haber acordado el pago de 30 millones de dólares a autoridades, funcionarios y otros partícipe para obtener de forma ilícita la concesión administrativa de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, en Guatemala».
En las grabaciones sobre las que se ha levantado el secreto en esta pieza se oye a Villarejo jactarse de que fue él quien hizo, a petición del PP, que saliera a la luz un audio sobre el ático en Marbella del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
