El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha ampliado la causa por presunta falsedad en documento público del acta con el que Cristina Cifuentes intentó demostrar, en un primer momento, que había cursado el máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y había aprobado su trabajo final. Para aclarar lo sucedido, cita a testificar como imputadas a Amalia Calonge, la secretaria que presuntamente falsificó las notas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, y a Cecilia Rosado, la única profesora del tribunal de evaluación del postgrado cuya firma no fue falsificada.
La jueza las ha citado para el 10 de mayo a mediodía. Ese mismo día, a las nueve de la mañana, declararán, en calidad de testigos, Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Sergio Pulido. Las dos primeras son las otras dos docentes del acta, cuyas firmas sí fueron falsificadas. A las once de la mañana están citados, también en calidad de testigos, la jefa de inspección de servicios de la URJC, Pilar Trinidad Núñez, y el responsable administrativo de los posgrados del centro, José Antonio Lobato Moreno.
Se trata de las nuevas diligencias acordadas en el marco de la investigación por la denuncia presentada por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo, cuya firma fue falsificada, en su caso en el acta de convalidación de notas. La jueza citó la pasada semana en calidad de imputado al exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde. Este comparecerá el 6 de junio, día en el que declararán también Figueruelo y otros 12 testigos.
El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones desde la dimisión de Cifuentes, Ángel Garrido, señaló, tras conocer las nuevas citaciones, que «ya no es la hora de la política», sino «de la justicia». «A ella nos encomendamos y que resuelva lo que crea oportuno», añadió.
Por su parte, el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, apuntó que las nuevas citaciones «reafirman» que lo ocurrido «fue grave» y «no pintaba bien». Y desde Podemos, la portavoz Lorena Ruiz-Huerta espera que «sirvan de aprendizaje» para que «las instituciones se tomen muy en serio que el PP ha intentado instrumentalizarlas para ponerlas a su servicio».
