Hoy es el día D. La hora: diez de la mañana. Lugar: los juzgados de Palma. Dos objetivos: por un lado, José Castro, el juez que investiga la presunta malversación de fondos a través del Instituto Nóos, pretende conocer la participación de la infanta Cristina en Aizoon, la empresa patrimonial que comparte con su marido, Iñaki Urdangarin, pues sospecha que podría haber sido utilizada para defraudar a Hacienda y blanquear dinero. Por su parte, la hija del Rey, que comparece como imputada, defenderá su inocencia y alegará que es ajena a los negocios de su marido. Esta declaración no solo es un acto más en una compleja y extensa investigación judicial. Es un hito histórico. Ningún miembro de la familia real española ha tenido que pasar por ese trance. Habrá que esperar no solo el resultado en el seno de las pesquisas, sino también sus efectos en el devenir de la institución.

Todo apunta a que la infanta asegurará ante el juez que de la gestión de Aizoon se encargaba directamente su marido, a pesar de que ella tiene el 50% de la firma, y que aunque ella sabía que desde esta sociedad se pagaban gastos particulares, como el servicio doméstico, siempre ha considerado que esa práctica era totalmente legal. En un principio, está previsto que argumente que ella no tiene conocimiento alguno de cuestiones tributarias y que de estos asuntos se encargaban especialistas contratados por Urdangarin para este menester. Aclarará que ella no tiene conocimientos de asuntos fiscales. Si se le pregunta, negará la comisión de delito alguno y menos que ayudara a su marido a hacerlo.

SEIS DÍAS DE PREPARACIÓN / La infanta se ha sometido a seis duras jornadas de preparación (la última fue ayer) con sus abogados defensores, Jesús Silva y Miquel Roca, que han estado asesorados, además, por otros letrados del despacho. No han querido dejar nada al azar. Pero, según recordaron ayer fuentes jurídicas, un imputado sabe con qué ánimo entra en el juzgado, pero no cómo sale. En principio, el interrogatorio debería centrarse en Aizoon y los supuestos delitos contra Hacienda y de blanqueo, pero en una declaración con más de 40 abogados puede pasar cualquier cosa. El juez pretende aclarar los gastos privados que se cargaron a la sociedad patrimonial que se nutría de los beneficios de los negocios de Urdangarin. Es decir, si se utilizó como pantalla para defraudar.

El abogado de la infanta, Jesús Silva, aseguró ayer por la tarde, inmediatamente antes de partir hacia Palma, que la hija del Rey acude a declarar «bien preparada, serena y tranquila». «Estoy convencido de que todo va a salir bien», agregó a las puertas de su despacho. Sobre la incógnita de si la duquesa de Palma bajará la rampa de los juzgados andando o en coche, indicó que cree que esta decisión no dependerá de ella, pero en todo caso él le recomendaría «la solución más segura». Fuentes del entorno de la hija del Rey explicaron que, en un principio, la infanta se inclina por llegar en coche hasta la puerta del edificio judicial acompañada por su abogado Miquel Roca. El resto de su equipo jurídico, compuesto por varios letrados, esperarán dentro del juzgado.

VOCAL DE NOÓS / El partido está abierto. Y la defensa de la esposa de Urdangarin, el principal imputado en la causa junto con su exsocio Diego Torres, lo sabe. De ahí que haya preparado a la infanta en todos los frentes posibles, incluida su relación con el Instituto Nóos, la entidad presidida por el duque de Palma que se halla en el epicentro de la trama. Está previsto que la infanta, que fue vocal de esta entidad teóricamente sin ánimo de lucro, declare ante el juez que a pesar de su cargo no tenía poder ejecutivo y que tampoco asistía a las reuniones. Todo lo llevaban, por tanto, su marido y Torres.

La infanta tendrá a su lado esta vez al fiscal Pedro Horrach, que defiende la tesis de que la hija del Rey no ha cometido delito porque la cuota defraudada es penalmente irrelevante. Pero enfrente tendrá al juez Castro, que abrirá fuego en la declaración y que no se anda con rodeos, y al sindicato Manos Limpias, que ya el 15 de febrero del 2012 solicitó por primera vez la imputación de la infanta a raíz de una compras de carácter particular cargadas a Aizoon y un préstamo de 400.000 euros a favor de Torres. La acusación popular considera que la duquesa de Palma pudo ser beneficiaria, además, del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo a raíz de los ingresos obtenidos en Baleares y la Comunidad Valenciana (5,9 millones de euros). La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir a la hija del Rey unos 600.000 euros por responsabilidad civil a título lucrativo por su participación, al 50%, de la patrimonial Aizoon.

LA ESTRATEGIA / El papel que pueden jugar mañana el resto de los abogados defensores es una incógnita. Incluso el de Torres. Los escritos y correos aportados por el letrado Manuel González Peeters, que representa al exsocio de Urdangarin, han puesto en varias ocasiones en la diana del caso a la familia real, al considerar que a Cristina se le había tratado hasta ahora de modo diferente que a la mujer de Torres, que está imputada desde hace meses.

Los abogados defensores no han querido desvelar la estrategia que hoy desarrollarán, pero todo apunta a que la infanta, al final, declinará contestar a alguna de las partes. Es posible que se niegue a responder a las preguntas de la abogada de Manos Limpias y quizá del letrado de Torres, actualmente enfrentado con su marido.