La infanta Cristina ha reconocido este sábado ante el juez de Palma José Castro que tuvo conocimiento de que su padre, el rey Juan Carlos, le pidió en el 2006 a Iñaki Urgandarin que se retirara del Instituto Nóos, la entidad a través de la que supuestamente se desviaron los fondos públicos. Lo hizo a través del conde de Fontao, José Manuel Romero. La duquesa de Palma ha precisado que el Rey no la informó a ella directamente. Todas estas declaraciones se han producido durante la sesión matinal de la comparecencia judicial de Cristina, tras la que el juez Castro ha determinado un segundo receso de dos horas para el almuerzo. La declaración se ha reanudado por la tarde.

Las frases más repetidas por la esposa de Urdangarin han sido "yo confío en mi marido y en que lo hacía bien" y "no lo sé", en referencias a algunas de las facturas que se le han enseñado sobre la actividad de Aizoon, la empresa patrimonial de la pareja, y determinadas compras de índole privada y cargadas a esta compañía. La declaración ha empezado pasadas las diez de la mañana.

Cristina ha declarado que creó Aizoon con su marido "porque tenía confianza en él" y ha llegado a defender que esta sociedad tenía cierta actividad empresarial. Esta patrimonial, repartida al 50% entre los dos miembros del matrimonio, se encuentra en el centro de la investigación por su presunto papel de "pantalla" para defraudar al fisco. La infanta ha respondido que desconocía que los empleados domésticos que trabajaban en su casa habían sido contratados a través de esta compañia y ha negado rotundamente que se pagara a algunos de ellos en negro. Según fuentes asistentes a la declaración, la infanta Cristina se ha desvinculado totalmente de la gestión de Aizoon, pero también del Instituto Nóos, que recibió casi seis millones de euros de las Administraciones balear y valenciana. Aizon se nutrió de los beneficios obtenidos de los negocios privados de Urdangarin.

Fuentes judiciales han asegurado que la infanta ha mantenido un tono sereno, pero que en determinados momentos del interrogatorio al que ha sido sometida por el juez se ha venido abajo e, incluso, emocionado. Por ejemplo, cuando se le ha preguntado por los 1,2 millones que le dejó el Rey para la compra de su palacete en Barcelona. El debate jurídico es si es un préstamo o una donación. La infanta ha precisado que en estos momentos no tiene los ingresos de hace unos años y ha agregado: "Es mi padre y confía en mi. Sabe que le devolveré el dinero".

La vajilla desparecida

El juez Castro también le ha preguntado por la compra de un cuadro por parte de Aizoon. La infanta ha afirmado que era de una amiga suya y lo adquirió personalmente su marido, cree que para colgarlo en la oficina de Urdangarin. Según esta versión, el duque tenía un despacho en su vivienda de Pedralbes, desde donde trabajaba. De ahí que defendiera la utilidad mercantil de Aizoon. El magistrado, asimismo, le ha sacado a relucir la compra de una vajilla. La duquesa ha admitido que no sabe dónde está.

La defensa de la imputada ha interrumpido en dos ocasiones al juez. Una para advertir de que su clienta no podía contestar a preguntas que incriminaran a su marido, y la segunda ante interpelaciones que, a su entender, eran meras hipótesis.

Los letrados consultados han insistido en que la infanta está "muy bien preparada" y que el 95% de las preguntas las ha respondido, según estos abogados, con evasivas. Aunque la tranquilidad ha sido el tono general, en algun momento la encausada se ha visto en dificultades para poder contestar a algunas cuestiones. La hija del Rey, que ha acudido al juzgado en calidad de imputada por los presuntos delitos de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero, no ha salido del edificio judicial de Palma donde se celebra la declaración. Más de 350 periodistas están acreditados. Hay un férreo control policial en la zona.