Un informe encargado por el Gobierno Vasco refleja la «estigmatización» y la «soledad» que padecieron los concejales vascos perseguidos «injustamente por ETA» entre 1991 y 2011, un periodo en el que la organización terrorista asesinó a 16 ediles en Euskadi y el resto de España.
El Informe sobre la injusticia padecida por concejalas y concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011) ha sido elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo del Gobierno Vasco y se inscribe en la serie de trabajos que la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha impulsado en los últimos años para catalogar las distintas vulneraciones de derechos humanos infligidas en los años de violencia terrorista en Euskadi.
El dossier ha sido presentado en San Sebastián por el secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, y dos de los autores, Gorka Urrutia y José Ramón Intxaurbe. Se trata de un trabajo derivado de otro anterior, el que se refería a las personas amenazadas por ETA en general, ya que se centra exclusivamente en quienes lo fueron por ser concejales.
En un primer apartado de tipo cuantitativo se recopilan los 16 asesinatos de concejales cometidos en el periodo del estudio, desde Gregorio Ordóñez en 1995 hasta Isaías Carrasco en marzo de 2008.
ESCOLTAS DESDE EL 2000
No obstante, también cita a las 8 personas asesinadas por ETA con anterioridad que eran o habían sido concejales en algún ayuntamiento. Aunque no dispone del número total de los concejales que fueron perseguidos, el informe refleja que a partir del 2000, tras la ruptura de la tregua de ETA, más de 200 concejales comenzaron a llevar escolta, en un número creciente hasta alcanzar los 511 ediles en su pico máximo, en 2011.
Los investigadores han otorgado mayor relevancia a los aspectos cualitativos de su investigación, que reúne una serie de conclusiones extraídas de 14 entrevistas personales, efectuadas a 11 ediles -6 hombres y 5 mujeres-, a dos parejas de concejales y a los padres de otro.
Estas personas describen la situación de «amenaza constante» que, a través de mecanismos como la violencia callejera, ETA y su entorno causaron en sus vidas, lo que les generó «sufrimientos intensos, profundos y prolongados, con sentimientos de aislamiento y soledad».
En algunos casos, esta situación tuvo afecciones en la salud de las víctimas, que presentan cuadros de estrés postraumático que se mantienen a pesar del paso del tiempo.
«Esta situación fue injusta y representa una patología incompatible con el ejercicio de las libertades propias de una democracia», reza el informe en su valoración final, en la que destaca que la persecución de los concejales fue una «anomalía perversa que socavó la convivencia democrática hasta un punto que nunca debería ser asumido como normal o inevitable».
El estudio presentado ayer describe que las amenazas, agresiones y atentados contra los concejales supusieron la vulneración de un buen número de derechos, entre ellos los de libertad ideológica, de expresión, el de participación en los asuntos públicos, el de la vida, el de la integridad física y moral, el de la libertad y la seguridad, el derecho a la libre circulación y el de libertad de residencia, entre otros.
El secretario de Convivencia ha considerado que leer este trabajo, que es de acceso público, constituye «un ejercicio de empatía colectiva para entender qué tipo de opresión física, psicológica, familiar y humana pudo suponer para una persona vivir un día tras otro con el peso de la amenaza de perder la vida violenta e injustamente»
CRÍTICAS DEL PP
El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, lamentó ayer que el Gobierno vasco haya puesto en marcha una «estrategia» para «engañar» a los ciudadanos sobre la historia de la banda terrorista ETA.
Así lo lamentó ayer el dirigente del PP durante la celebración en Ermua (Bizkaia), del 22 aniversario del secuestro y posterior asesinato del edil del PP en esta localidad, Miguel Ángel Blanco.
Alonso aseguró que, pese a la disolución de ETA, los «efectos del terrorismo» no han desaparecido y que el Gobierno Vasco no ha puesto en marcha «ni una sola iniciativa» para «recuperar la pluralidad» o resarcir a quienes tuvieron que dejar Euskadi por la amenaza de ETA.
En su opinión, el Gobierno vasco pretende construir una «memoria falsa» sobre lo ocurrido durante las cuatro décadas de acción terrorista de ETA, «de la mano de quienes no han condenado los crímenes».
