La Dirección General de la Policía admite en un informe remitido a la Audiencia Nacional que en la llamada operación Kitchen, en la que presuntamente se espió al extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con la documentación que guardaba que podía ser perjudicial para el partido, participaron "funcionarios adscritos" entre los años 2013 y 2015 a "la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, asi como a la Comisaría General de Información". También consta "la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada".
El informe del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso este diario, está fechado el día 3 y no fue suficiente para el juez José de la Mata, que dos días después, en el mismo auto en el que llamaba a declarar como imputados al extesorero y a su esposa, Rosalía Iglesias, insistía al departamento a cuyo frente está ahora Fernando Grande-Marlaska para que le remitiera toda la información sobre el operativo policial. Quiere saber qué agentes lo integraron y si quien recibió esos pagos periódicos fue el entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que declarará este miércoles como imputado ante el juez Diego de Egea, en la causa en la investiga al excomisario José Manuel Villarejo, entonces adjunto a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
En la primera comunicación, Interior se remitía a la ley de secretos oficiales y a la utilización y control de los gastos reservados para no concretar más detalles hasta que el Gobierno atendiera a la petición de desclasificación de documentos remitida desde los dos juzgados de la Audiencia Nacional que se han cruzado con la operación Kitchen. El Consejo de Ministros lo acordó el pasado viernes, lo que permitirá profundizar tanto en la causa que afecta al propio Villarejo como en la de la caja b del PP, descubierta gracias a las notas manuscritas de Bárcenas y a la que nunca llegó más documentación que la que este aportó directamente al juzgado.
