Nueva vuelta de tuerca del Gobierno, esta vez para tomar el control de los Mossos d’Esquadra. El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, reunió ayer a los jefes de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para comunicarles que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, asume la coordinación de las tres fuerzas de seguridad para impedir la celebración del referéndum por la independencia previsto para el 1-O.
El fiscal ha encargado que el Gabinete de Coordinación y Estudios del de la Secretaría de Estado de la Seguridad (Ministerio de Interior), que dirige el citado coronel Pérez de los Cobos, convoque «las reuniones» que sean necesarias entre los Mossos y las policías españolas para «requisar urnas», sobres electorales, manuales, propaganda y elementos informáticos destinados a la celebración de la consulta, órdenes recogidas en la instrucción 2/2017 del pasado 8 de septiembre. Romero de Tejada ha aclarado asimismo que este órgano estará bajo su «personal dirección».
Tras la comunicación, el consejero de Interior, Joaquim Forn, aseveró que los Mossos «no aceptarán esta decisión». El Gobierno catalán, además, ha encargado también a sus asesores que investiguen qué «respuesta jurídica» puede darse a una orden que interpretan como «una injerencia inaceptable». El presidente Puigdemont y el vicepresidente, Oriol Junqueras, dieron pleno apoyo al titular de Interior.
Para las tareas de coordinación en Cataluña ya existe «la junta de seguridad», recordó Forn, para quien el Estado español lo que pretende es «intervenir» los Mossos de la misma manera que han hecho «con las finanzas», añadió. «Pedimos tranquilidad porque los Mossos no renunciarán a sus competencias», dijo.
Simultáneamente, el major Trapero enviaba un comunicado interno a sus agentes en el que matizaba las palabras del consejero. El major explicaba que había hecho saber al fiscal que «no comparte» la tutela de sus agentes por parte del gobierno español pero que «seguirán cumpliendo con las órdenes». Trapero, en su misiva a los agentes, niega que esta orden suponga «en ningún caso» la intervención del cuerpo de Mossos d’Esquadra por parte del Estado.
El fiscal justifica que ha tomado esta medida basándose en el artículo 46 de la Ley Orgánica 2/1986. Este dice que cuando las policías autonómicas «no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones» podrán recabar «el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Estas fuerzas «actuarán bajo el mando de sus jefes naturales». El Govern entiende que este escenario no se ha dado en Cataluña y prepara un recurso jurídico para denunciarlo.
Según la fiscalía, la orden es pertinente «a la vista de los últimos acontecimientos acaecidos», en alusión no explícita a episodios como el ocurrido frente a la Consejería de Economía, cuando los Mossos tardaron en actuar contra manifestantes independentistas que impedían la salida de la comitiva de 18 agentes de la Guardia Civil que llevaban a cabo una operación que se saldó con 14 detenciones de cargos públicos encargados de llevar a cabo la consulta. O del poco celo que hasta la fecha han demostrado los Mossos para cumplir con la misión de impedir el referéndum, una tarea que está liderando en solitario la Guarcia Civil.
Fuentes del Ministerio de Interior remarcan que «no se ha designado ningún mando» porque el máximo responsable sigue siendo el fiscal. Tampoco se pretende sustituir a los Mossos ni sustraer sus competencias. La medida se ha tomado ante la perspectiva que «continúen adelante los propósitos delictivos» de los organizadores de un referéndum declarado ilegal.
CIERRE DE WEBS
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó ayer el cierre de tres nuevas páginas web para acceder a los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, entre ellas el enlace publicado ayer por la mañana el presidente Carles Puigdemont, a través de su cuenta personal de Twitter.
