El Ministerio de Interior ha creado un gabinete jurídico para centralizar todas las denuncias de policías y guardias civiles desplegados en Cataluña por el 1-O por los episodios de acoso sufridos en los últimos días.
La Secretaría de Estado de Seguridad será la encargada de centralizar todas las actuaciones a través de este órgano y activado con dos puntos de contacto para ambos Cuerpos en el que se recogerán sus denuncias por acoso sufrido por ellos mismos o sus familias.
En este marco, se actuará en los procedimientos judiciales actualmente abiertos como es el caso de la denuncia por inacción de los Mossos d'Esquadra que actualmente se sigue en ocho juzgados de instrucción de Cataluña o la investigación y persecución por acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyas diligencias ya asume el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación, y sobre la que se reclama que incluya además a hijos de agentes y esposas o novias.
Se incluye también el procedimiento en la Audiencia Nacional por un delito de sedición, por el que ha sido llamado a declarar el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, la intendente de la policía catalana Teresa Laplana Cocera, y los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Paralelamente a estas medidas, la Secretaría de Estado de Seguridad ha comunicado a los sindicatos que remitirá una comunicación formal a todos los agentes de los Mossos d'Esquadra que han recibido en algún momento una medalla de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en la que les instará a un "posicionamiento formal sobre el ordenamiento legal y la lealtad a los principios constitucionales" bajo la advertencia de retirada de esta condecoración en caso de no producirse.
