Advertía Artur Mas con una recuperada sensatez que no hace falta «provocar más tensiones» entre «España y Cataluña», y se preguntaba qué era mejor: si «un gobierno que cada día quiera prender fuego a nuestra casa» u otro (en referencia al de Pedro Sánchez) «que no nos resuelva la situación pero que como mínimo no venga con las cerillas». Como reflexión mediopensionista, las interrogantes retóricas del expresidente de la Generalitat servían para enfocar los acontecimientos desde una perspectiva algo constructiva. Porque hay un hecho cierto: Cataluña ha apostado de entre el constitucionalismo por el socialismo del PSC para que, en coordinación con el PSOE de Sánchez, diseñe una salida a la crisis derivada del fracasado procés.

Si para toda España sería importante -por improbable que parezca en este momento- disponer de un Gobierno con un horizonte de estabilidad, más aún lo sería para los intereses de Cataluña. ERC se ha instalado en esa tesis al rehuir el bloqueo a la investidura de Sánchez y emplear un lenguaje más mullido políticamente. Está a la espera de comprobar si el socialista consigue la coalición con UP sin Pablo Iglesias pero con Irene Montero u otros pesos pesados -o no- del partido morado. El desentendimiento con JxCat, sin embargo, se incrementa a medida que los republicanos se aproximan a fórmulas pragmáticas.

La hipérbole de Mas

Quim Torra desearía que en Madrid se forme un gobierno en el que se produzca la hipérbole de Artur Mas, es decir, que «venga con cerillas» a Cataluña. Es verdad que, demediada ya por el Constitucional la tesis del 155 inmediato y permanente que propugnaban las derechas, la ciudadanía catalana ha primado de entre las constitucionalistas la opción con mayor centralidad que es la del PSC. Hay que remitirse no solo a los números del 28-A y del 26-M, sino también a la capacidad de acuerdo de los socialistas (Ayuntamiento y Diputación de Barcelona) y a los sondeos como el de este diario, publicado el pasado lunes.

Pero el actual presidente vicario de la Generalitat no solo es un ludópata de la política. También parece afecto a la piromanía. Lo acaba de demostrar con la publicación de un artículo (La Vanguardia del pasado miércoles) en el que bajo el pretencioso titular de Le invito a mirar lejos (¿pero dónde?), Torra se decanta por el no a la investidura de Sánchez si el eventual presidente del Gobierno no pone encima de la mesa la celebración de un referéndum de autodeterminación. El titular de la Generalitat se inclina por encender las cerillas que Mas aconseja evitar. Una actitud que conlleva la lógica de embarrar el terreno, persistir en el error y perseverar en el cuanto peor mejor, que es la única salida de los seguidores de Carles Puigdemont en los que la mezcla de frustración e impotencia les provoca una irracionalidad política que no se para en barras: ni siquiera considera los intereses más elementales y básicos de una Cataluña con riesgo de empantanamiento en una España que juega, irresponsablemente, al colapso político e institucional.

Para Cataluña el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez resultaría más incendiaria políticamente que para el resto de España, aunque la investidura, si la logra tras su duelo con Iglesias, augure una legislatura corta. Adentrarse en el otoño -entre septiembre y octubre- sin un Gobierno en plenitud de funciones (que es lo que pretende Waterloo y, por lo tanto, Torra) supondría una acumulación indigerible social e institucionalmente de acontecimientos: la Diada y la sentencia del Supremo resultarían los hitos más emblemáticos pero no los únicos. Porque, si median nuevas elecciones en noviembre, la campaña y los comicios se sobrepondrán a las necesidades catalanas de renovar el Parlamento y resetear el país después de un estéril esfuerzo secesionista que ha llenado de cicatrices Cataluña y el resto de España.

De darse esa hipótesis de confusión, y según advertencia del irreconocible Gabriel Rufián, el margen de maniobra de ERC sería mucho menor que en este julio de calores y agobios y la sociedad catalana no dispondría de un recurso esencial para corregir el rumbo: un interlocutor en la capital de España que, instalado con fuerza en las declinantes instituciones catalanas (el PSC) contaría con mecanismos en Madrid para hilvanar medidas paliativas a la crisis.

4 años, 4 elecciones

Hay algo de locura colectiva en un país como España que en cuatro años celebraría cuatro elecciones generales y cuyo gobierno central habría estado más de 20 meses de 48 en funciones, viviendo de unos Presupuestos Generales aprobados por un gobierno censurado (los del 2018) y sin capacidad para nombrar ministros cesantes (es el caso de Josep Borrell y puede ser el de Nadia Calviño), ni aprobar proyectos de ley ni decretos leyes. Y es insensato que la invitación del presidente de la Generalitat a Pedro Sánchez sea a «mirar lejos» hacia un horizonte irrealizable de autodeterminación a la que le falta el sustento del derecho y de la mayoría social.

Si Pedro Sánchez no sale investido -y sin alternativa a su candidatura-, la izquierda asume un riesgo suicida de fracaso ante unas posibles elecciones y España se adentra en una senda descontrolada de precariedad institucional justo cuando registra la peor crisis constitucional de su reciente historia. Quintacolumnistas emboscados -como Torra- se disponen a acercar la cerilla encendida al bidón de gasolina.

No es el único pirómano que hay. A su manera lo ha sido también Iglesias; y a la suya, Albert Rivera. Incluso Sánchez al manejar de forma tan brutal una relación con el líder de UP que rompe irreversiblemente sus relaciones. Habrá investidura, quizás, pero la legislatura será convulsa y de duración imprevisible.