El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) investigará al juez de Palma de Mallorca Miguel Florit, que la semana pasada ordenó requisar los teléfonos móviles de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, así como ordenadores y otros dispositivos informáticos, para averiguar el origen de la filtración de un informe en el caso Cursach. El alto tribunal admitió ayer a trámite la querella de los dos informadores y sus empresas. Esta acción provocó multitud de protestas del mundo de la comunicación.
La sala civil y penal del TSJIB dictó un auto en el que asume el estudio de la querella, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. La demanda fue presentada por Editora Balear, empresa titular de Diario de Mallorca, y Europa Press, así como por los redactores José Francisco Mestre, del rotativo, y Blanca Pou, de la agencia.
El alto tribunal autonómico designó instructora de la causa a la magistrada Felisa Vidal Mercadal, que decretó el secreto de las diligencias judiciales. Los magistrados justificaron esta medida, cuya prolongación dejan en manos de la instructora, en que la requisa de los teléfonos y ordenadores y las órdenes de registro en las redacciones de los dos medios de comunicación se realizó «en el seno de unas diligencias previas declaradas a su vez secretas».
Los magistrados dejan en manos de la instructora cualquier decisión respecto a la petición de los querellantes de «inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados».
La Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario Bartolomé Cursach en el caso Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, H
