Los Presupuestos del Estado presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy han causado las críticas de la izquierda al considerar que evidencian que la subida de las pensiones era posible sin necesidad de haber fomentado las protestas ciudadanas de los pensionistas en los últimos meses. Las principales asignaturas pendientes son la reducción del gasto social y la falta de medidas redistributivas suficientes, según un análisis somero de las críticas.

El sindicato UGT ha considerado que el proyecto presupuestario para el 2018 es otra "ocasión perdida" para apostar por el empleo de calidad y recuperar derechos. El sindicato ha cargado contra el "parche" de subir entre el 1% y el 3% las pensiones más bajas y ha defendido que todas las pensiones deberían revalorizarse con el índice de precios de consumo (IPC), al tiempo que ha recordado la necesidad de corregir el déficit de la Seguridad Social.

Los sindicatos mayoritarios han abogado por aumentar el gasto en políticas sociales y por crear un marco recaudatorio más justo, con mayores gravámenes para los beneficios empresariales y un refuerzo de la lucha contra el fraude.

El PNV se opone a apoyar los Presupuestos mientras se mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Desde su punto de vista, mientras siga en vigor, el autogobierno vasco está en riesgo. El resto de formaciones excepto Ciudadanos, mantienen críticas a un texto legal en el que no han podido participar.

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha pedido al PNV que no apoye unos Presupuestos que son una "tomadura de pelo" para los pensionistas ya que hay dinero para actualizar las pensiones con la inflación. "Los PGE no están sirviendo para redistribuir la riqueza, aunque sí hayan servido durante los años anteriores para socializar las pérdidas y para socializar el pago del rescate a la banca o a las autopistas", ha asegurado Montero. El PSOE se ha mostrado también crítico con unos Presupuestos en los que el elemento social pesa menos de lo deseado y las políticas redistributivas no llegan pese a una situación que ha hecho que España sea uno de los países de Europa con mayores desigualdades.

El apoyo político también recae en la posición de Coalición Canaria, que se ha mostrado dispuesta al apoyo a cambio de un trato preferente para las islas. Ciudadanos se muestra moderadamente satisfecho ya que ha cifrado en 8.000 millones de euros el importe de las medidas pactadas con el Gobierno a cambio de su apoyo. Desde su punto de vista, los Presupuestos suponen un punto de inflexión en el que se dejan atrás los peores años de recortes. En cualquier caso, el Gobierno no ha querido ceder excesivo protagonismo al partido de Rivera, que aspiraba a centralizar la responsabilidad de la subida de las pensiones más bajas.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, ha denunciado que el proyecto de ley de Presupuestos supone un ejercicio de "márketing y prestidigitación" y el "exponente más claro de que el proyecto político del Gobierno de Mariano Rajoy está agotado", y tacha de "nuevos parches" las medidas para pensionistas.