El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, requirió ayer por escrito a José María Aznar que devuelva los documentos secretos sobre la masacre del 11-M que ha dicho que tiene en su poder. El nuevo responsable de los servicios secretos españoles advierte de que si esos informes se filtrasen a los medios de comunicación, al margen de que pudiera constituir un delito, se produciría un "daño" a la seguridad nacional.
El expresidente del Gobierno reconoció el viernes pasado en la emisora W Radio de Colombia que tiene en su poder "todos los informes del CNI" y añadió, dirigiéndose al entrevistador: "Y usted entenderá que los tenga, porque yo era el presidente del Gobierno español".
RESPONSABLE DE LA CUSTODIA Partiendo de esas declaraciones, Saiz dijo en la comisión del 11-M: "Me he dirigido a él personalmente para comprobar si se refiere a documentos o a información. Y si se refiere a los documentos, le pido que los devuelva al centro". El responsable del CNI avisó de que quien recibe los documentos secretos es responsable de custodiarlos y no puede "difundir ni fotocopiar" su contenido. Negó, en cambio, que tenga que destruir los documentos, pese a que su antecesor en el cargo, Jorge Dezcallar, dijo que había que hacerlo.
Saiz aclaró que la función principal del Centro Nacional de Inteligencia es elaborar información para proporcionarla al presidente del Gobierno y al Ejecutivo, con el fin de que tomen las decisiones pertinentes. "Y como Aznar ya no es presidente, está obligado a garantizar su custodia", añadió.
EL ´CASO CAROD´ Según fuentes gubernamentales, Aznar tuvo acceso al informe del CNI sobre las conversaciones que mantuvieron el 13 de marzo el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, y el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegui, que se filtró al diario El Mundo . Sin embargo, ese informe no se le entregó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.
Dezcallar criticó ayer que se hayan filtrado los informes de los servicios secretos y afirmó que España parece "un país bananero", porque los políticos se "echan a la cara" las notas de carácter confidencial. Todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, coincidieron con Saiz y exhortaron a Aznar a devolver los documentos.
