Joan Ridao (Rubí, 1967) se despide del cargo de letrado mayor del Parlament con una gran obra bajo el brazo: 'Lleis polítiques de Catalunya' (Marcial Pons, 2020), un extenso compendio de todo el marco legal catalán, comentando pormenorizadamente los contenidos de cada ley. Un texto con el que Ridao quiere lanzar un mensaje en favor de la conciliación.

¿Cuál es el objetivo de este libro?

Es un volumen considerable sin antecedentes en el derecho público del país. Hace balance de la obra de Govern y de la obra legislativa del Parlament para darnos cuenta de que desde 2010, con la desaparición operativa del Estatut por parte del Tribunal Constitucional (TC), el despliegue del nuevo Estatut y el potencial que tenía, no ha sido posible.

En la Constitución y sobre la unidad de España, apunta el libro que un referéndum de autodeterminación es contrario al orden constitucional y estatutario por razones competenciales y sustantivas...

La sentencia inaugural del TC sobre el 'procés' es la 42/214, que es ambivalente, que representa una apertura moderada de la respuesta del TC a los conflictos que se plantean en Catalunya. Anuló la declaración de soberanía del Parlament pero se mostró receptivo. Afirma que esta es una aspiración política legítima, entre los actos preparatorios para definir el objetivo político de un territorio puede haber una consulta, y emplaza a los actores políticos a resolver sus diferencias en el terreno del diálogo.

¿Nadie recogió ese guante?

El Parlament siguió aprobando resoluciones políticas. Y se produjo una inflexión en el TC que, de acuerdo con el esquema político, reconduce los conflictos a la vía jurisdiccional.

Parece que el TC cuando ve que el Parlament mantiene el desafío, abre un camino 'a las malas'...

El TC opta por la vía no solo de declarar la inconstitucionalidad, sino que opta por multas. El Gobierno tiene una posición determinada y en Catalunya hay cambios en la hoja de ruta. Hay un momento en el que las leyes de desconexión ya no ponen en valor el derecho a decidir sino que, como consecuencia del rechazo a los intentos de negociación, vira hacia el derecho a la autodeterminación y a la declaración unilateral de independencia.

En esta legislatura, el independentismo ha pedido el cese incluso del secretario general del Parlament, Xavier Muro, por no publicar determinados acuerdos. ¿Cómo se vive internamente?

Ha habido críticas por todos lados y también reconocimientos. Se nos quiere atribuir a los letrados una función de control de legalidad y lo que hacemos es asesorar. Hemos estado en medio de aguas procelosas y ha habido gente que interesadamente nos ha querido instrumentar y ponernos en una situación delicada.

¿Entonces están ustedes entre la espada y la pared?

Soy consciente de que viene un período de tanta o más complejidad. Sería saludable que todos los actores recondujeran el conflicto al marco político y de diálogo. Y lo digo en plural: el Gobierno, la Generalitat, la justicia ordinaria y muy señaladamente el TC. Es decir, un cierto retorno a 2014. Si no, el conflicto será un empate infinito de impotencias.