El juez José Castro ha instruido una parte importante de los procesos de corrupción que han convulsionado Baleares: del caso Calvià, la tentativa de compra del voto de un concejal socialista para urbanizar aún más el litoral, al caso Palma Arena, que sentó en el banquillo al expresidente autonómico Jaume Matas. Pero ninguno como este. Castro («Llámame Pepe», pide cuando hay confianza) no lleva bien su ascenso al estrellato judicial e intenta continuar con su vida como si la instrucción que ahora lleva a cabo no estuviera minando más que ninguna otra cosa el prestigio de la Monarquía. «Ya se verá», se limita a responder cuando le preguntan sobre cómo acabará su encargo actual. Nunca ha concedido una entrevista.
Esta es la segunda imputación del juez -de 67 años, nacido en Córdoba, separado y con tres hijos- a Cristina. La primera, en abril del 2013, fue bloqueada por la Audiencia de Palma, que le desautorizó. En estos nueve meses, Castro, al que se le puede ver yendo en bicicleta a los juzgados, ha escudriñado las finanzas y el comportamiento fiscal de la hija del Rey. El resultado es el auto de 227 folios. Tiene fama de investigador implacable.
