El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido que no hay "anomalía o irregularidad" alguna en la petición que la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, realizó al Parlamento andaluz para solicitar información y aclarar si alguna de las comisiones de trabajo llegó a conocer que el sistema empleado para conceder ayudas a empresas en crisis era inadecuado. Esta solicitud motivó una queja del presidente de la Cámara, Manuel Gracia (PSOE) en defensa de la "inviolabilidad del Parlamento en el ejercicio de sus funciones".

Según un escrito del CGPJ difundido este lunes, el órgano de gobierno de los jueces informa a Gracia que "no procede la adopción de medida alguna" por una cuestión que considera "estrictamente jurisdiccional" y que "no puede conllevar ninguna actuación de carácter disciplinario", como reclamaba el Parlamento andaluz al estimar que se podría haber producido una "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, del respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento". Una conclusión a la que llegan tras analizar el informe solicitado a la juez sobre sus alegaciones y las copias de las resoluciones reclamando la información del Parlamento.

Así, estima que "se desprende que la finalidad de estas diligencias no es, en ningún caso, derivar responsabilidad al Parlamento andaluz, a su Comisión de Economía y Hacienda o a algunos de los parlamentarios en concreto que la integran", sino que únicamente "obedecen a la tesis sostenida" por alguna de las defensas para garantizar el "derecho a la tutela judicial efectiva sin mermar el derecho de defensa de los imputados".

El presidente de la cámara autonómica ha celebrado que el informe del CGPJ aclare que los parlamentarios andaluces no tuvieron responsabilidad de ningún tipo en la trama por el simple hecho de aprobar los Presupuestos andaluces. Y tras recordar que no se reclamaba la adopción de ningún tipo de sanción hacia la juez, Gracia ha subrayado que "lo que pretendíamos es que el Consejo nos aclarara los términos y el alcance de los dos autos de la jueza, donde parecía que se pretendía investigar al Parlamento o a una Comisión o a los diputados que, en principio, son inviolables según el Estatuto de autonomía y, por lo tanto, nos parecía que ahí podía haber alguna duda".

Mientras tanto, la jueza continúa con la instrucción del caso y este lunes tenía citados a una decena de imputados que se han acogido a su derecho a no declarar. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imposición de sendas fianzas civiles de 200.000 y 30.000 euros para dos exsindicalistas involucrados en la trama, el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia y Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén respectivamente. Según la jueza, este último participó en la tramitación de un expediente de regulación de plantilla y a través de su relación con el conseguidor Juan Lanzas logró incluir a su esposa en las prejubilaciones.