La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales exigieron ayer al Gobierno que asuma ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, a la vez que PP y Ciudadanos mostraron su apoyo al magistrado y criticaron la posición del Ejecutivo ante el caso. El expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí presentaron una denuncia en Bélgica después de que el juez dijera en una conferencia en Oviedo que los soberanistas encarcelados no son «presos políticos».
El Ministerio de Justicia español anunció el jueves que no costeará la defensa del magistrado por sus «expresiones o manifestaciones privadas». Pero que contratará a un bufete privado para defenderle si se cuestiona su instrucción en el juicio al proceso soberanista.
En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron al Ejecutivo de «dejación de funciones». También exigieron al Gobierno que asuma la defensa de Llarena a la vez que han defendido la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada por los tribunales de un país extranjero «valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley».
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) consideró en un comunicado que el Estado debe personarse en el procedimiento abierto para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.
La UPF calificó de «absolutamente inasumible» y «completamente improcedente el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones».
COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ / El PP y Ciudadanos se sumaron ayer a las críticas. El secretario general popular, Teodoro García Egea, afirmó que «Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez». Asimismo, anunció que su partido promoverá acciones de apoyo a Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, aseguró que su partido está «muy decepcionado» con el Gobierno por «no prestar defensa» al juez, asunto por el que van a exigir una comparecencia «inmediata» al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
