La juez de los ERE ha exonerado al Parlamento andaluz porque recibía datos "oscuros y ambiguos" sobre los Presupuestos, decisión que cierra la investigación abierta por ella al pedir las enmiendas de los partidos al "fondo de reptiles" y un informe sobre su grado de conocimiento de las irregularidades.

En la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, afirma que el Parlamento andaluz recibía presuntamente "de manera intencionada" el Presupuesto con un "lenguaje oscuro, ambiguo y difuso, con expresiones equívocas, de forma que en ningún documento presupuestario se exponía con claridad" la forma de concesión de las subvenciones investigadas.

De esta manera, Alaya cierra la investigación abierta por ella misma al ordenar a la Intervención General del Estado un informe sobre lo que pudo conocer el Parlamento andaluz sobre las irregularidades que se estaban produciendo y de haber pedido las enmiendas que todos los grupos políticos presentaron a la partida 31L o "fondo de reptiles", a través de la cual se concedieron las ayudas investigadas durante siete años.

Dicha investigación dio lugar a una queja del presidente del Parlamento autonómico, Manuel Gracia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien en junio pasado aclaró que las iniciativas judiciales de Alaya no pretendían "en ningún caso derivar responsabilidad al Parlamento, a su Comisión de Economía o a alguno de los parlamentarios".

Ahora, la juez explica al Tribunal Supremo que el Parlamento, al abordar el examen del proyecto de Presupuestos entre 2002 y 2009, "carecía del conocimiento acerca del contenido de los programas, en este caso el 31L, del que sí disponía en cambio la Consejería de Hacienda".

El Parlamento, al aprobar el presupuesto de las agencias andaluzas IFA e IDEA, "no podía tener conocimiento del reducido grado de ejecución de la partida de otros gastos de explotación que se habría presupuestado falsamente".

Además, desconocía que, indiciariamente, "se había falseado el presupuesto de IFA/IDEA con pérdidas ficticias, que las transferencias de financiación se iban a utilizar, no para enjugar pérdidas que no existían, sino para conceder subvenciones sin crédito presupuestario adecuado".

Frente a esta exoneración del Parlamento, Alaya refuerza sus indicios contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los siete exconsejeros señalados ante el Supremo, pues los informes de la Intervención General de la Junta elevados al Consejo de Gobierno manifestaron "hasta la saciedad" y con un mensaje "repetido hasta el hartazgo" que para la concesión y pago de las subvenciones investigadas no podía utilizarse la figura de las transferencias de financiación.

La juez pide que el Supremo investigue a estos nueve ex altos cargos y explica que Chaves era presidente de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que debía discutir las propuestas que implicaban a varias consejerías, así como hacer propuestas de actuaciones con implicaciones presupuestarias.

Chaves fue presidente de dicha comisión hasta 2008, cuando delegó en el entonces vicepresidente de la Junta y consejero de Economía, José Antoñio Griñán, y entre los miembros que componían dicha Comisión Delegada estaban los entonces consejeros de Empleo e Innovación, es decir, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.

"Es difícil pensar del conjunto de las sesiones del grupo de trabajo que sus integrantes no obtuvieran una imagen fiel y exacta del contenido del programa 31L de la Consejería de Empleo", de que las subvenciones se concedían "sin fiscalización previa", del "alto nivel de compromiso de ayudas" y del "déficit presupuestario que se estaba generando, con importante menoscabo de fondos públicos", dice Alaya.

Añade que el déficit en el año 2003 fue de 38 millones de euros y en el año siguiente "habría ocasionado por sí mismo el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma".

Dicho déficit en el año 2004 fue de 93 millones de euros, en 2005 de 95 millones y en 2006 de 58 millones, precisa el texto elevado al Supremo.

"Resulta imposible" según Alaya, que este hecho "no generara la alarma" de los consejeros implicados o que "el consejero de Hacienda señor Griñán y el presidente de la Junta señor Chaves no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención".

Sin embargo la reacción de los ex altos cargos fue la "reafirmación" del sistema, pues los imputados aforados (Chaves, Griñán y los ex consejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio) y los ex consejeros que no están aforados (Magdalena Álvarez, Antonio Fernández y Martín Soler) "participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento", sostiene Alaya.