El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado al fiscal y a las partes personadas en los casos de justicia universal que tramita su juzgado --el genocidio en Ruanda y el ataque al campo de refugiados de Ashraf (Irak)-- si cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad. En una providencia, les da un plazo "común e improrrogable" de diez días para pronunciarse al respecto. La fiscalía ya se ha posicionado a favor al haber pedido al juez Santiago Pedraz que se eche atrás en el rechazo al archivo del 'caso Couso' porque, de lo contrario, estaría impidiendo a las partes plantear la inconstitucionalidad de la reforma.

En caso de que se inclinen por no llevar la norma al Tribunal Constitucional (TC), el juez pregunta a las partes si debe entonces ordenar el sobreseimiento de las causas de justicia universal de forma retroactiva a partir de la entrada en vigor de la reforma.

Andreu es el último de los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional que, rebelándose contra el archivo automático de las causas, se dirige a las partes para que informen sobre los efectos de la reforma de la justicia universal. Ha sido, no obstante, el primero en plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

Las causas abiertas en el juzgado de Andreu son las que investigan el asesinato de 4 millones de ruandeses y 9 españoles entre 1994 y el 2000, con la detención de 40 militares en el 2008, y el ataque al campo de refugiados iranís de Ashraf por parte del ejército iraquí, que costó la vida a 11 personas, mientras que otras 36 fueron secuestradas.

"Extralimitación competencial"

El fiscal, mientras, tilda de "extralimitación competencial" la decisión de Pedraz de no archivar el caso del asesinato en Irak del cámara José Couso alegando que la convención de Ginebra prevalece sobre la reforma de la justicia universal. Y le insta a concluir el sumario y elevarlo a la sala de lo penal para que sea esta la que resuelva si cabe archivarlo y se pueda permitir a las partes, incluida la fiscalía, "acudir a la vía de la cuestión de inconstitucionalidad".