El plan del PP de privatizar la gestión de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) recibió ayer un duro golpe cuando un juez de Valencia declaró nulo el pliego de condiciones del concurso de privatización por contravenir la ley de terceros canales.
La sentencia responde a un recurso de UGT contra el acuerdo del consejo de administración de RTVV para contratar con empresas privadas la edición de los informativos, el suministro de programas y la venta de espacios publicitarios y derechos de emisión de programas de Canal 9. El fallo indica que la ley exige que "la sociedad anónima constituida en cada comunidad autónoma" ostente la gestión directa, que no podrá ser transferida "bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros".
La gestión directa, prosigue la sentencia, incluye no sólo "la propiedad", sino también "la financiación y explotación de las instalaciones de producción de programas, comercialización y venta de sus productos y actividades de obtención de recursos mediante publicidad". El pliego de condiciones no fija el porcentaje de programación que se privatizaría, por lo que "resulta imposible determinar si esta oferta constituye el grueso de la programación", en cuyo caso se trataría de una privatización "de facto" del canal público.
PUESTOS DE TRABAJO El acuerdo del consejo de RTVV no garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos y un aspecto en el que, según Francisco Coscoll , de UGT, "hacía especial hincapié" el recurso. La plantilla de RTVV ha pasado, desde que gobierna el PP, de 750 a 2.000 empleados.
El director general del ente, José Vicente Villaescusa, anunció que recurrirá la sentencia. Si esto se produce, UGT solicitará la ejecución inmediata del fallo, lo que paralizaría la privatización hasta que se produjese una sentencia firme.
PUGNA INTERNA La sentencia afecta también al portavoz del Gobierno central, Eduardo Zaplana, en plena pugna con el presidente autonómico, Francisco Camps, por el control del PP valenciano. Zaplana conserva el control de los medios públicos, uno de los principales frentes de una batalla interna congelada hasta el 14-M por orden de Mariano Rajoy.
Hasta entonces, Rajoy ha garantizado a Camps que la RTVV quedaría en sus manos, aunque hipotecada al control de un amigo y estrecho colaborador de Zaplana, Jesús Sánchez Carrascosa, aspirante a llevarse los principales contratos. Por eso, aunque el Gobierno valenciano defendió ayer la legalidad de la privatización, fuentes cercanas a Camps admiten su oposición al proyecto.
El PP defendía en 1996 la "privatización" de las radios y las televisiones autonómicas, y llegó a enviar un proyecto de ley a las Cortes en 1997 que nunca llegó a la comisión correspondiente. En su programa electoral del 2000, la promesa se reconvirtió en "ley de lo audiovisual" para "una mayor liberalización".
