El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado las actuaciones respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes respecto de la presunta financiación ilegal del PP madrileño y por la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011, motivo por el que se le imputaban los delitos de prevaricación y cohecho junto a la Letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y el presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández.
En su auto el juez explica que esta investigación se basaba en un informe policial que daba cuenta de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid en función de las donaciones recibidas por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).
Sin embargo, el juez concluye que no se ha acreditado que Cifuentes tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. La imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente, explica el magistrado.
