A los duques de Palma, este lunes, no les sonrió la suerte. Porque "Hacienda somos todos", el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, mandó a la infanta Cristina al banquillo de los acusados al considerarla cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en el 2007 y el 2008 y le impuso una fianza de casi 2,7 millones. A Urdangarin le atribuye todos los delitos que piden las acusaciones (malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales) y le reclama 14,9 millones de euros de fianza. Tienen 20 días para cubrir ambas fianzas, según recoge el auto de apertura de juicio oral. En caso contrario, se procederá al embargo de bienes, como ocurrirá con los otros 15 imputados de la causa. Sobre la hermana del Rey pesa una petición de ocho años de cárcel, la que ha solicitado la acusación popular, Manos Limpias. Para su marido demanda 26 años frente a los 19,5 que reclama la Fiscalía Anticorrupción.
En un auto de 149 páginas, el magistrado recuerda a Hacienda sus propios lemas para sortear la aplicación de la 'doctrina Botín' esgrimida por la defensa de Cristina de Borbón y la fiscalía para evitarle el juicio. "Si tú defraudas, lo pagamos todos", apunta el magistrado para subrayar que el perjudicado en los delitos al fisco no es solo la Agencia Tributaria, sino el conjunto de los ciudadanos, y que por tanto se puede sentar en el banquillo a la hermana del Rey con la única acusación de la acción popular, como ya ocurriera con el que fuera presidente del Parlamento vasco dando lugar a la 'doctrina Atutxa'.
EXCLUSIÓN INEXPLICABLE
"Llegar a la conclusión de que, en los delitos contra la Hacienda Pública, el perjudicado o el único perjudicado es la Abogacía del Estado sería como decir que ante un fraude que tiene como única víctima a una comunidad de propietarios, el perjudicado sería su administrador y no aquellos", añade el juez. Coincidiendo con la Audiencia Provincial de Palma, Castro expone un argumento más: la Abogacía del Estado no vio delito fiscal en Botín, pero sí en el 'caso Nóos', donde designa "a su capricho a las personas que habrían de responder por ello, excluyendo inexplicablemente a otras".
"No veo ningún motivo para que no se aplique la legalidad, y, con ella la 'doctrina Botín'", declaró a las puertas de su despacho el abogado de la infanta, Miquel Roca, quien anunció que recurrirá. El fiscal Pedro Horrach se encontraba este lunes fuera de Mallorca, aunque días atrás ha mantenido que no descartaba hacer lo mismo si finalmente se llevaba a la infanta Cristina a juicio. Para Castro, su auto "es irrecurrible", aunque reconoció "toda la libertad" para realizar las acciones judiciales que las partes consideren oportunas. La Casa del Rey, por su parte, expresó su "absoluto respeto a la independencia judicial" e insistió en que la renuncia a los derechos dinásticos es decisión de la infanta. Castro niega en su escrito el "enfermizo empecinamiento" que en él observa el fiscal ni la indefensión que este denuncia respecto a la posición de la hermana del Rey en esta instrucción. Para el magistrado, "se ha sido incluso más garante que con el resto de imputados".
El 'caso Nóos' empezó por una denuncia política del diputado socialista en el Parlamento balear Antonio Diéguez, aunque no se judicializó hasta el 2010 como pieza separada del 'caso Palma Arena'. Se ha cerrado con 17 imputados y reclamación de fianzas por valor de más de 61 millones de euros. Además de los duques de Palma, Castro ha mandado al banquillo al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y a su mujer, Ana María Tejeiro, para los que se reclama una fianza de 15,8 millones de euros, así como a sus hermanos Marco y Miguel Tejeiro, contable y asesor fiscal de Nóos.
También figura en la lista el expresidente balear Jaume Matas, para el que el juez ha fijado una fianza de 3,5 millones de euros y hay peticiones de 11 años de cárcel. Junto a ellos, se sitúan exaltos cargos del Govern balear como José Luis Ballester, Juan Carlos Alía, Miguel Ángel Bonet y Gonzalo Bernal, y de la Administración valenciana, como Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado y Jorge Vela, además del presunto testaferro de Urdangarin, Salvador Trinxet. Han quedado fuera el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y los responsables de Madrid-16 Miguel de la Villa Polo y Gerardo Corral. Sin embargo, se mantiene la causa contra su compañera Mercedes Coghen. Las defensas tienen 20 días para presentar sus escritos.
