El juez instructor del 'caso Lezo', Manuel García Castellón, ha dejado en libertad este miércoles a Ignacio González después de que 11 fiadores aportaran los 400.000 euros de la fianza. Ahora, el expresidente de la Comunidad de Madrid podrá abandonar la prisión de Soto del Real, en la que permanece desde el 21 de abril por su presunta implicación en las irregularidades del Canal de Isabel II.
En total once fiadores han consignado la caución impuesta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Hasta esta sede se han trasladado también familiares del expresidente regional, entre ellos sus dos hijas.
El auto de libertad con la consignación de la fianza se ha enviado a un juzgado de Colmenar Viejo, que es el competente para tramitar la excarcelación de los presos internos en Soto del Real (Madrid), por que lo el expresidente madrileño saldrá en las próximas horas de prisión.
Comparecencia semanal
Durante la mañana de este miércoles, varios familiares de González se han presentado en la Audiencia Nacional para hacer efectiva la fianza y servirle de fiadores, aunque han rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación. El martes , la portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, hermana de Ignacio González, ya afirmaba que en la familia estaban empleándose "con toda el alma" para lograr reunir la fianza.
Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, González solo ha tardado un día en abonar la fianza que dictó el magistrado de la Audiencia Nacional al apreciar que ha disminuido el riesgo de fuga y también de que delinca manejando fondos en el extranjero, en este último caso gracias a la colaboración judicial con países como Colombia y Panamá.
Una vez en libertad, González, principal investigado en este caso de corrupción en el seno del Canal de Isabel II, deberá comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio, tendrá que entregar el pasaporte y no podrá salir de España.
Beneficio ilícito
Pese a acordar estas medidas, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión- "se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones".
"Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada", aseguraba el magistrado en su auto de ayer imponiéndole la fianza.
Según el juez, tanto González como Rodríguez Sobrino tenían "pleno conocimiento" de que se estaban cometiendo delitos en la operación de la compra en 2001 de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, que pudo ocasionar un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas y que se hizo con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico.
