Jordi, el primogénito, será el primer miembro del clan Pujol-Ferrusola que pisará la cárcel por corrupción. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión comunicada sin fianza del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por haber evadido presuntamente 30 millones de euros cuando ya estaba imputado.

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación que ejerce Podemos han pedido al juez José de la Mata que decrete prisión para el principal imputado del 'caso Pujol'. Jordi Pujol Ferrusola, señalado por todos sus hermanos como quien gestionaba el supuesto legado en Andorra, fue citado por la Audiencia Nacional tras conocerse un primer informe policial que le atribuía del desvío de 14 millones de euros desde que comenzó la causa en 2012. Unas semanas más tarde, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) elevó esa cantidad a 30 millones.

Ante el riesgo de destrucción de pruebas y la reiteración delictiva denunciada por los agentes adscritos al caso, en esta ocasión el primogénito de la familia Pujol se ha tenido que enfrentar a una petición de prisión por parte de todas las acusaciones personadas en la causa, Anticorrupción, Abogacía del Estado y la popular que ejerce Podemos, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Durante su declaración, Pujol Ferrusola aseguró que no se despatrimonializó para evitar el pago de multas o responsabilidades civiles que les podría suponer la condena en este caso, sino que todo se debe a negocios fallidos y a préstamos que hizo y que nunca le fueron devueltos. Sólo le funcionó la inversión en eucaliptos de crecimiento rápido para biocombustible que realizó en México, precisaron fuentes jurídicas.

Para defenderse del demoledor informe de la Udef la defensa entregó abundante documentación en el juzgado con el fin de demostrar que la mayor parte de los movimientos que le atribuye ya estaban incluidos en la causa y eran anteriores a 2015 y, por tanto, previos a la última vez que declaró ante el magistrado en febrero de 2016, cuando el juez le retiró el pasaporte.

A COMER SIN TELÉFONO

Tras la celebración de la vistilla, en la que la Anticorrupción pidió prisión igual que había hecho en enero, con su hermano Oleguer, al alegar que el pequeño de los Pujol había seguido blanqueando, pese a estar siendo investigado, Jordi Pujol Ferrusola abandonó la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, Cristóbal Martell. A petición de la Fiscalía, el juez retiró el teléfono y todo aparato electrónico al imputado, que deberá volver a las 19.00 horas para conocer la decisión del magistrado.

Con Oleguer, el juez acabó rechazando la petición fiscal, aunque las circunstancias entre uno y otro hermano son distintas, porque, de hecho, entonces causó extrañeza que se solicitara para él y nunca se hubiera hecho para su hermano mayor, principal imputado en la causa.

"CÁLCULO MATEMÁTICO"

Si a finales de marzo, la Policía consideraba que la despatrimonialización que Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, habían realizado ascendía a 14 millones de euros, divididos en 9.461.861,11 dólares y 5.242.607,68 euros, según "el cálculo matemático" hecho por los agentes, en un segundo informe, con fecha del pasado día 4, lo eleva a un total de 29.917.589, 20 euros.

El último informe divide lo evadido por el imputado y su exmujer en tres apartados, según el tipo de las operaciones que realizaron y que se han podido aclarar: en el relativo a "negocios jurídicos ficticios, donaciones, préstamos" sitúa 9.456.836,12 euros; en el de "Inversiones no repatriadas, pérdidas internacionales ficticias", 12.3174.38; y en el de "Plusvalías latentes no declaradas" habla de 8.143.578 euros.

La cifra final de capital que tanto Jordi Pujol Ferrusola como su exmujer tendrían en el extranjero "se tipifica como mínimo", decía la Udef, porque sólo había podido tener en cuenta 19 operaciones "reconstruidas" y considera que hay indicios de "muchas otras".