La infanta Cristina podría afrontar junto a su marido, Iñaki Urdangarin, una responsabilidad civil, al margen del proceso penal, que podría superar el millón de euros por la actividad de Aizoon, la empresa que los duques de Palma comparten al 50%. Esta cuestión es independiente de la deriva penal del 'caso Nóos' y hay unanimidad de criterio entre el juez instructor, José Castro, y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.
Ambos han deslizado esta posibilidad en sus escritos judiciales y se da por hecho que harán la reclamación económica, al margen de sus discrepancias en el ámbito penal de la causa. Mientras que el juez vio indicios de criminalidad objetivos para imputar a la hija del Rey por presunto delito fiscal y de blanqueo de capital, por los que declarará el próximo sábado en Palma, el fiscal se ha opuesto a la actuación.
