El presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, ha necesitado 44 sesiones del juicio y los testigos del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, con su tono pedagógico sobre principios democráticos, para perder la paciencia. A uno de los testigos le amenazó con responsabilidades penales si seguía haciendo perder el tiempo a la Sala; a otra le pidió que se guardara el guion y sus valoraciones sobre «su grado de alucinación o su estado febril», y a otro le recordó que como testigo no podía hablar catalán, lo que como abogado debía saber.

Fuentes del tribunal, de una forma poco habitual, informaron del «profundo malestar» que les había supuesto la estrategia de defensa de Cuixart, basada en el Yo acuso, con el que pretende utilizar el juicio para denunciar presuntas vulneraciones de derechos en España. No tanto por los testigos, sino por los abogados que comparecieron como tales, cuya actitud la Sala entendió una «intolerable provocación» que «raya el código deontológico de la abogacía». Varios de esos letrados fueron los de Manresa encargados de asesorar sobre cómo saltar la prohibición del referéndum ilegal.

Todo empezó con Ramón Font, portavoz del sindicato de enseñanza USTEC STEs, al que el tribunal dio margen. Tanto que respondió con un contundente «por supuesto» a la pregunta de si el proyecto de Escuelas abiertas con el que se mantuvieron abiertos los colegios el fin de semana del 1-O obedecía al referéndum ilegal. Sin darle importancia alguna desmintió la versión ofrecida hasta entonces por acusados y testigos, que habían desvinculado las chocolatadas y butifarradas de la votación ilegal. Lo aliñó con valoraciones, como que el 1 de octubre los ciudadanos ejercieron su «derecho a la autodeterminación».

Para cuando llegó el séptimo testigo, Jordi Pesarrodona, investigado por lucir nariz de payaso junto al guardia civil que custodiaba un registro, Marchena ya se notaba cansado.

Con Marina Garcés tuvo menos paciencia. Marchena la interrumpió cuando contaba que el 1-O tenía fiebre. «Si es profesora de filosofía, entenderá que no viene a explicar su grado de alucinación o su estado febril, sino a contestar al letrado lo que le ha preguntado», la regañó. El abogado de Cuixart, Benet Salellas, protestó, porque a los policías del 1-O que declararon ante el tribunal «se les dejó expresar su percepción». El magistrado le respondió que una cosa son «las percepciones sensoriales y otra la percepción sobre la alucinación».