Al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata no le gusta que las causas guarden polvo en los cajones. Hace apenas un mes asumió la causa del 3% y ya ha citado a los 23 imputados que todavía no habían prestado declaración, pese a que la mayoría de ellos fueron detenidos en febrero del año pasado por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell que hasta ahora se encargaba del caso. Se trata de altos cargos de Convergència o de empresas públicas catalanas y de empresarios implicados en la supuesta financiación ilegal del partido. Todos ellos tendrán que desfilar por la Audiencia Nacional entre el 11 y el 22 de junio.
En la resolución en la que el magistrado sigue la línea marcada por el juez de El Vendrell en abril pormenoriza los hechos que imputa a cada uno de ellos y llama la atención que, pese al tono casi telegráfico que mantiene, mencione las dos reuniones que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantuvo, cuando aún era alcalde de Gerona, con el directivo de Opraler Josep Manel Bassols. Explica que uno de los imputados que comparecerá en la Audiencia, el exdirector general de la empresa pública Bimsa Ángel Sánchez Rubio, fue quien ayudó a la constructora a introducirse en la contratación pública de Gerona.
Para ello, preparó una comida el 5 de junio del 2013 con Puigdemont y con el exconcejal de Barcelona Antoni Vives, citado para el 14 de junio, para «seguir con el tema». El siguiente encuentro fue en el Parlament «con el objetivo de preparar nuevo pliego y organización de licitaciones», según reza en los partes comerciales de la constructora.
Cuando la construcción de un carril bici recae en esta empresa, Sánchez Rubio y Ernest Santolaria Fomanaya, que era director de obra civil de Bimsa y comparecerá ante el juez el día 13, reciben un paquete de experiencias vacacionales valorado en 579,80 euros. La licitación de la carretera de Les Aigües supone al primero un jamón, según los correos electrónicos intervenidos.
