El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial del 1-O, fue el protagonista involuntario de un enfrentamiento verbal entre el abogado Jordi Pina y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, a cuenta de si hubo o no cargas policiales el día de la votación ilegal. La regañina del magistrado vino provocada por la forma en la que el letrado trató de que el testigo modificara su defensa de la actuación policial. «No intentemos, como no le gusta su respuesta, convertirle en delincuente», zanjó el magistrado.

No es la primera vez que Marchena reprende a los fiscales, letrados y a la abogada del Estado. Se está convirtiendo en un clásico su elogio a la profesionalidad del abogado y a su conocimiento de que lo que intentan está vetado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Siempre emplea un tono muy educado que le lleva, por ejemplo, a precisar casi siempre que lo que es «impertinente» es la pregunta que hace y no quien la profiere. O a disculparse con los testigos por el retraso con el que comparecen. Con Pérez de los Cobos le agradeció la espera y su «esencial» testimonio.

Era su forma de compensarle en cierto modo por la tensión vivida durante la segunda parte de su declaración, en la que solo le preguntaban las defensas. El letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull le preguntó por qué entendía por cargas policiales: «20 o 25 funcionarios policiales con sus escudos, cascos y defensas reglamentarias en las manos corriendo en dirección a una serie de ciudadanos con las manos levantadas delante de un colegio electoral, ¿es una carga policial?» Ante la negativa del testigo a que el 1-O hubiera cargas, el letrado le amenazó con la posibilidad de que se dedujera testimonio contra él por faltar a la verdad.

Marchena reprendió al letrado y calificó de «impropio de su trayectoria jurídica» amenazar al testigo con una investigación porque «no le gusta su respuesta». El abogado preguntó entonces si los agentes golpearon con sus porras a votantes en la cabeza o si se habían utilizado gases pimienta. El testigo dijo ignorarlo, porque no figuraba nada semejante en «ninguno de los informes» que le «llegaron con el detalle de la operación».

El primer abogado en interrogarle fue Andreu van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. El testigo explicó que para él lo importante no es tanto el número de personas que fuera a ir a votar, un millón o 15 millones, sino si su actitud, si era de obstrucción a la justicia o no. Recordó que la primera vez que oyó hablar de niños y personas vulnerables en los colegios fue «de boca» del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. La víspera, a preguntas de las acusaciones, había dicho que la policía de la Generalitat planteó a los convocantes del referéndum que no actuarían si los colegios estaban llenos y había niños, con la intención de que así fuera y no tener que actuar.

«LA RESISTENCIA PASIVA»

A partir de ahí reforzó el mensaje lanzado el día anterior: «La resistencia pasiva se produjo en algunos casos antes de llegar la policía y en el momento de llegar la fuerza se convirtió en activa». O que no contempló «la posibilidad de incumplir el mandato judicial», que en su opinión se cumplió «siempre y cuando lo que hubo el 1-O no fue un referéndum». También dijo: «En la mayoría de las actuaciones hubo una actitud hostil», en la que se actuó de forma «parapetada y con agresividad» contra los agentes, pero «en otros, el nivel de agresividad fue tan elevado que se abortó la intervención».

Van den Eynde insistió en si compartía, como dijo en instrucción, que el orden estaba por encima de la convivencia ciudadana, extremo que el testigo negó para precisar que para él «en un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin cumplimiento de la ley». El coronel llegó a afirmar que «la resistencia pasiva inicial era gente sentada cuando estas personas dejan de estar sentadas, se ponen de pie y empiezan a conformar un bloque humano. Hay alguien que distribuye papeles y otros asumen hostigamiento»,