El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera "innecesarias" las 25 declaraciones solicitadas por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en el caso Púnica. Entre ellas, sobresalía la de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, respecto a la que el principal imputado en la causa había calentado el ambiente con una carta en la que le atribuía la supervisión de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Madrid.

En una providencia, el magistrado rechaza las declaraciones solicitadas, pero emplaza a la defensa a volver a solicitarlas en "la fase del juicio oral". La posibilidad de que declarara Aguirre en relación con la financiación irregular del PP madrileño se esperaba con expectación después de que el magistrado reactivara la investigación relativa a esta pieza y llamara a declarar de nuevo como imputado al exgerente regional del partido Beltrán Gutiérrez y, por primera vez, a empresarios, como el que fue presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

Granados también había solicitado la declaración de Jaime González Taboada, consejero del Gobierno de Cristina Cifuentes, a quien el constructor David Marjaliza atribuyó la adjudicación, a cambio de la correspondiente mordida, del tercio de las obras correspondientes al plan Prisma, por su condición de presidente de la empresa pública Arpegio.

La única prueba solicitada por Granados admitida ha sido la documental que solicitaba relativa a adjudicaciones de viviendas realizadas por Arpegio entre 2001 y 2004 a siete empresas y que el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), municipio del que él fue alcalde, informe de las adjudicaciones de suelo y servicios públicos que realizó entre 1999 y 2003.