La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, procesó ayer a 30 altos cargos de la Generalitat, periodistas y empresarios por la organización del referéndum unilateral del 1-O. Les atribuye los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, pero en ningún caso sedición. La jueza considera que había un «plan común» y una «estrategia» para celebrar la consulta y declarar la independencia. y que para ello, sostiene, se utilizaron fondos públicos. La magistrada, sin embargo, exculpó al exsenador de ERC Santi Vidal y al arquitecto jurídico del procés, Carles Viver Pi-Sunyer, y no se pronunció sobre el aforado Lluis Salvadó, exsecretario de Hacienda, de cuyo caso deberá encargarse el TSJC.
La jueza fijó en 5.803.068,67 euros la fianza por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O. Si no abonan esta fianza, se activará el proceso de averiguación y embargo de bienes para obtener hacer frente a eventuales responsabilidades económicas. Además de Vidal y Viver Pi-Sunyer, la magistrada levantó la imputación a otros 12 investigados.
Entre los procesados figuran altos cargos de la Generalitat como Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana; Joaquim Nin, secretario general del departamento de Presidencia; Jaume Clotet, director de Comunicación del Govern; la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal; y los directores de TV-3 y Catalunya Radio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente.
CLARAS INTENCIONES
La resolución judicial sostiene desde el 2012 «con intensidad creciente», el Ejecutivo catalán fue efectuando una serie de actos legislativos que revelaban el «firme propósito» de celebrar una consulta refrendaria, ensayada el 9-N del 2014, con la finalidad de «ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España». Esta intención, incide la jueza, tuvo su plasmación en el 1-O y su «corolario» en la DUI del 27 de octubre.
El auto sostiene que se trazó «una línea estratégica» para poder asumir el «compromiso inequívoco» de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos del Tribunal Constitucional. La magistrada subraya que los 30 procesados fueron «conscientes de la ilegalidad de las actuaciones» y, desde sus departamentos y ámbitos de actuación, efectuaron «actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos» para financiar el 1-O. A su juicio, «existió un plan común» y cada uno de los encausados «contribuyeron de forma decisiva en la consecución del fin conjunto». La juez relata que «se llegó incluso a celebrar un acto de compromiso con el referéndum», el 21 de abril del 2017 de altos cargos y miembros del Govern.
El escrito hace mención a que se destinaron fondos públicos para la creación del registro de catalanes en el exterior. Los datos incluidos en este sistema fueron usados por el Ejecutivo catalán para promover la participación y el voto en el 1-O, «usando esta información de carácter personal para hacer llegar a todos los inscritos, tanto la documentación necesaria para ejercer el voto como la forma de hacerlo».
La magistrada también concreta el gasto que supuso la publicidad relacionada con el 1-O, la contratación del reparto de material electoral y su producción, el proyecto de voluntariado, la difusión en el extranjero a través del Diplocat del procés, la presencia el 1-O de observadores internacionales y la instalación de un call center de recuento electoral que fue precintado, así como el diseño de páginas web. En otro apartado describe la cesión de datos para la elaboración del censo y la emisión de anuncios en los medios públicos de la Generalitat. Respecto a la interventora de la Generalitat, resalta que tuvo «conocimiento cabal de todos los contratos y pagos».
En una declaración institucional sin preguntas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, denunció un «estado de excepción judicial» y una «escalada de persecución política» al independentismo en el marco de una deriva «autoritaria» del Estado. Y tras expresar su «orgullo» por el 1-O, advirtió: «No hay cárceles, multas, exilios ni persecuciones que puedan frenar el anhelo de libertad de un pueblo como el catalán».
