La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no quiere dar pábulo a la principal acusación de la Abogacía del Estado, que considera una "causa general" el procedimiento que instruye para determinar la incidencia que tuvieron en el covid-19 concentraciones de personas que se produjeron en Madrid antes del 14 de marzo y, en concreto, la manifestación del 8-M. De ahí que haya rechazado incluir como denunciado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

La imputación de Simón había sido solicitada por el abogado no ejerciente que presentó la denuncia inicial contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los delegados del Gobierno por no haber impedido este tipo de concentraciones. La jueza solo la admitió en lo relativo al delegado madrileño, José Manuel Franco, que es el único bajo su ámbito jurisdiccional. Tras haber solicitado su personación en la causa como acusación popular en nombre de una asociación de afectados, Víctor Valladares pidió también la imputación de Simón.

La magistrada responde que hay al menos dos procedimientos que indiciariamente se dirigen contra el directo de centro de alertas y emergencias sanitarias desde 2012, por lo que debe ser en ellas donde se solicite la imputación para que sea valorada por los jueces correspondientes.

La magistrada, que ha admitido la personación en el procedimiento como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios, con fianza de 1.000 euros, rechaza también ampliar las actuaciones a varios funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que no se identificaba, pero que la ampliación de denuncia interpuesta se les imputaba delitos contra la vida, la integridad física o el ejercicio de derechos y libertades.

Otros convocantes

Y para acabar con la polémica suscrita con el informe de la Guardia Civil que, según fuentes del cuerpo, provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia madrileña, la magistrada ha citado a siete testigos para el día 11 de junio. Se trata de los convocantes de distintas manifestaciones en Madrid en los días en cuestión.

La admisión a trámite de la denuncia inicial motivó que la Abogacía del Estado interpusiera un recurso muy crítico con la decisión de la magistrada que deber resolverse por la Audiencia Provincial de Madrid, en él consideraba que se causaba indefensión al delegado del Gobierno madrileño por haberle imputado durante el estado de alarma, que había producido la suspensión de los plazos procesales.

La magistrada procedió entonces a cambiar una primera citación de Franco para el 5 de junio al día 10 y reprochar a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno, que su tardanza en acudir al juzgado para instruirse de las actuaciones.