La jueza Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, considera que "no ha lugar por ahora" la división de la causa en piezas separadas, tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción la pasada semana al entender que ciertas líneas de investigación estaban ya agotadas. El fiscal consideraba, por tanto, que la instructora debía remitir al Tribunal Supremo (TS) toda la parte referida a los cargos políticos aforados, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En un auto notificado este lunes a las partes, la jueza rechaza de plano que la macrocausa de los ERE, con varias ramificaciones abiertas, pueda trocearse, y mantiene que, de momento, se trata de una pieza inescindible, por lo que ella continuará la instrucción. Además, considera que en caso de separarse en numerosas piezas, como proponía la fiscalía, podría atentarse contra la seguridad jurídica, ya que cada tribunal podría dictar sentencias contradictorias sobre unos hechos similares.

Investigaciones pendientes

En el texto apunta, además, que aún no se han concluido algunas de las investigaciones, como el atestado sobre las ayudas directas que se concedieron a la Sierra Norte de Sevilla --acaparó 36 de los 70 millones de euros para toda la comunidad-- y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado jueves al juzgado.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado sobre este atestado, que apunta directamente al papel jugado por el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera --actualmente diputado-- y ha vuelto a reclamar a la jueza que remita al Supremo la parte referida a los aforados.