La jueza que instruye el 'caso de los ERE' ha imputado en la trama al exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla, dimitido el pasado noviembre tras apenas seis meses en el cargo a raíz del escándalo de las facturas falsas del sindicato. La jueza Mercedes Alaya le implica ahora en calidad de responsable sectorial por los 22 millones de ayudas públicas recibidas por la tabaquera Altadis. Implica además a otras 15 personas, entre dirigentes sindicales y responsables de la multinacional.
El nuevo auto dictado este viernes por la jueza Alaya eleva a 199 los imputados en la causa y atiende a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, quien hace menos de un mes expresó sus dudas por el ERE en el que se prejubilaron 173 trabajadores en el 2005. Así, el ministerio público pidió que se imputara por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos a Fernández Sevilla; Blanca Uruñuela Aguado, exmiembro de la ejecutiva federal de UGT; al exsecretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero; a Francisco Figueroa Alcarazo, secretario de acción sindical de CCOO en Sevilla, y a José Luis Relea Laso, director de Recursos Humanos de Altadis.
Asimismo, reclamaba que se ampliara la imputación por estos hechos a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y a exdirectores general de Idea (la empresa que ejecutaba los pagos que ordenaba Empleo) Miguel Ángel Serrano Aguilar y Antonio Valverde Ramos. Precisamente este último, que quedó imputado junto al responsable de la principal caja de Andalucía Braulio Medel, dimitió de este puesto el pasado 20 de junio después de conocerse que Anticorrupción le pedía una fianza civil de 3,6 millones de euros.
Un "cheque en blanco"
Según consta en el auto, en las ayudas a Altadis hubo al menos una docena de irregularidades, de manera que la juez llega a calificar la ayuda como "un cheque en blanco con fondos andaluces". El auto de Alaya pone en el punto de mira también las ayudas a la empresa A Novo Comlink, a Dhul -por lo que cita a declarar a un sexto hijo del empresario jerezano José María Ruiz Mateos- y a los empresarios que obtuvieron el grueso de las ayudas directas en la comarca sevillana de la Sierra Norte.
Tras conocerse la decisión de la juez, el sindicato UGT ha reiterado su respeto a las actuaciones judiciales. A través del secretario de Comunicación de UGT-A, José Ginel, ha expresado además su deseo de que "se aclare esta situación lo más pronto posible" porque el caso "lleva mucho tiempo abierto".
