La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha imputado a un tercer exconsejero del Ejecutivo autonómico, Martín Soler, que fue responsable de Innovación, Ciencia y Empresa 11 meses entre el 2009 y ek 2010 y que mantuvo el sistema irregular para conceder las ayudas al margen de cualquier control pese a conocer ya los reparos expresados por la Intervención General de la Junta.
Se trata del tercer exconsejero de la Junta imputado por Mercedes Alaya en la causa, donde ya han declarado el que fuera responsable de Empleo Antonio Fernández, o la de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. Asimismo, hay otros cinco consejeros 'preimputados' o señalados, dado que en la actualidad son cargos públicos aforados y solo pueden declarar ante el Tribunal Supremo. Es el caso de los exconsejeros de Hacienda José Antonio Griñán -posteriormente elegido presidente de la región- y Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Empleo Manuel Recio y los exconsejeros de Economía, Innovación Ciencia y Empresa Francisco Vallejo y Antonio Ávila. A ellos se sumaría el expresidente autonómico Manuel Chaves.
Según consta en un nuevo auto, con esta imputación la jueza trata de cerrar la investigación sobre el papel desempeñado en la trama por la Agencia Idea, el ente público vinculado a la Consejería de Innovación que ejecutaba los pagos ordenados por la Consejería de Empleo. Alaya considera que esta agencia era "la compañera perfecta de la Consejería de Empleo en el proceso no solo de materialización y ejecución, sino de concesión de las subvenciones a empresas del programa 31L", el conocido como fondo de reptiles y de donde salía el dinero de las ayudas.
El motivo de la imputación
En este sentido, la jueza señala que Martín Soler recibió el informe sobre el ejercicio del 2008 realizado a Idea por la Intervención General de la Junta y en el que ya se concluía que no era adecuado el uso de las transferencias de financiación para pagar las prejubilaciones o las ayudas directas a empresas en crisis. Aún así, la Junta siguió empleando esta fórmula para abonar las subvenciones concedidas por Empleo, de ahí la imputación.
Junto a Martín Soler, Alaya imputa a otras cinco personas, vinculadas a otros perceptores de ayudas directas de forma discrecional, entre ellos los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago o el exchofer del exdirector general de Trabajo. Con ellas, son ya 183 imputados en la causa. Y reorganiza el calendario de declaraciones, citando al exconsejero Martín Soler el próximo 17 de junio, y aplazando la comparecencia del presidente de Unicaja Braulio Medel, prevista para este jueves.
