La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos ha tratado de zanjar las protestas del Congreso y el Senado ante su decisión de saltarse los cauces procesales y enviar a la Guardia Civil a realizar una notificación a cargos aforados. En un nuevo auto, Mercedes Alaya ha pedido al Tribunal Supremo (TS) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la "auxilien" para notificar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros exconsejeros andaluces, su derecho a personarse en la causa al estar señalados por varios atestados policiales.

La jueza ya explicó que envió a la Guardia Civil al Congreso de los Diputados y al Senado al entender que era su puesto de trabajo y tras no haber podido confirmar el domicilio correcto de los cargos públicos aforados que están señalados en la investigación de los ERE. La cascada de protestas le ha hecho rectificar, y ahora pide a las instancias judiciales superiores que auxilien a su juzgado para notificar el auto del pasado mes de diciembre en el que 'preimputó' a los expresidentes autonómicos y varios miembros de su equipo de Gobierno durante la pasada década.

No obstante, la jueza recuerda a las Cortes que "lo mismo que para otras diligencias de ejecución de resoluciones judiciales, los poderes públicos han de prestar la colaboración necesaria de conformidad con el artículo 118 de la Constitución, en relación con el artículo 591 de la LEC". Tras la negativa hecha pública tanto por el presidente del Congreso, Jesús Posada, como el del Senado, Pío Garcia Escudero, a recibir esas notificaciones y devolverlas al juzgado por no haber empleado los cauces correctos, Alaya entiende que procede librar oficio a ambos tribunales para que sean estos quienes realicen la notificación.