El caso de los ERE fraudulentos de Andalucía esta afrontando su "recta final", según ha reiterado la jueza instructora Mercedes Alaya en un nuevo auto en el que rechaza suspender la declaración de los miembros del consejo rector de la Agencia Idea, el ente público que abonaba las ayudas irregulares que ordenaba la Consejería de Empleo. La jueza entiende que aún faltan por concretar algunos aspectos referidos a esta parte más política de la trama, referida a la implantación en la administración de un sistema irregular para la concesión de ayudas al margen de cualquier control, y subraya la importancia de mantener la instrucción de forma unida antes de enviar al Tribunal Supremo la parte referida a los cargos aforados.

No es la primera vez que, tras casi cuatro años de instrucción, la jueza se pronuncia sobre el horizonte final de la instrucción. En un nuevo auto dictado este lunes, Alaya rechaza la petición de Anticorrupción de elevar ya el caso a instancias superiores al entender que esta parte más política está ya agotada, y reitera la importancia, "máxima en esta recta final" del caso, de "mantener la continencia de la causa" y no dividirlo en piezas separadas para remitirlo al Supremo. Estima que, por el contrario, esa parte de la investigación no está agotada. "Precisamente dentro de este procedimiento estaría incardinada la actuación de los imputados referidos como integrantes del consejo rector y quienes como tales, actuarían como una pieza más del engranaje con el fin de dar apariencia de legalidad al pago de subvenciones al margen del procedimiento establecido y con las consecuencias tantas veces repetidas en resoluciones anteriores", explica para justificar las últimas imputaciones a los miembros del consejo rector de la Agencia Idea.

Declaración retrasada

En este sentido, los cinco imputados citados en la jornada de este lunes se han acogido a su derecho a no declarar, alguno de ellos argumentando que dan por agotada esta investigación en vía ordinaria y entienden que debe ser ya el Supremo quien asuma las riendas de la instrucción. Entre los citados se encontraban el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, encarcelados ya por esta causa, y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. La Fiscalía no ha variado su petición de medidas cautelares hacia ellos, y ha pedido 26 millones de euros en concepto de fianza civil para un exdirector general de Idea citado por vez primera, Miguel Ángel Serrano Aguilar, al que la jueza imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Su defensa se ha quejado además porque su declaración inicial ante la Guardia Civil no fue recogida con exactitud y "se han sacado frases de contexto".

Por último, Alaya ha retrasado para comienzos de junio la comparecencia del director general de Unicaja Braulio Medel, citado inicialmente para el próximo día 21 y que ha alegado motivos personales para hacer su petición.