El Tribunal Supremo ultima los detalles del que será uno de los juicios más relevantes y mediáticos de la democracia: el que juzgará a los líderes del procés y, de paso, a la imagen de la justicia española en un momento delicado. En el Alto Tribunal son muy conscientes de lo que está en juego y sus responsables subrayan que no se ahorrarán esfuerzos para intentar demostrar «absoluta transparencia» y ayudar a que su difusión sea máxima, dentro y fuera de las fronteras de España. Toman como ejemplo y se garantiza una política de comunicación similar a la ya ensayada en recientes procesos judiciales como el del 11-M; los casos Nóos y Gürtel (cuyo fallo provocó la caída del gobierno de Mariano Rajoy) y el 9-N. Se sostiene que no cabe el reconocimiento de la figura del «observador» del proceso judicial, cuya presencia demandan algunas de las defensas, pero que cualquiera que pretenda «observar» de cerca lo que suceda en esta causa al 1-O podrá hacerlo, con el único límite del espacio.
El independentismo ha emprendido una cruzada por la «vulneración» de derechos fundamentales de sus políticos por bandera. Advierten, antes de que haya sentencia, de su intención de recurrir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo descartando (al menos por ahora) la futura solicitud de indultos. Eso conllevaría admitir delitos no cometidos, alegan. Sobre la mesa están en estos momentos acusaciones por rebelión, sedición o malversación. Organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) prepara protestas en Londres, París, Berlín y Roma, además de en Madrid y Euskadi.
Los partidos soberanistas calientan motores para dejar oír su voz con este asunto en vísperas, además, de las municipales de mayo. En el Congreso, el mismo plan, con el aliciente de que allí se debatirán próximamente unos presupuestos cruciales para el Gobierno que necesitan aval de PDCat y ERC.
A eso hay que sumarle el eco que desde Waterloo, sin duda, le darán a la causa Carles Puigdemont y su equipo de abogados, inmersos en la estrategia paralela de poner en aprietos a la justicia española ante otros tribunales de Bélgica o Alemania. Y la atención que los medios de comunicación internacionales dedicarán al juicio en las próximas semanas.
Aún no hay cerrada una fecha para su inicio, pese a que se apuntaba a la semana del 4 de febrero como la más probable. Sin embargo, el hecho de que aún esté pendiente de notificación el auto de admisión de pruebas y testimonios pedido por las partes -que iba a darse a conocer en cuestión de días pero que, según parece, podría demorarse aún alguna semana-, hace que el calendario siga abierto.
Será precisamente en ese auto donde se confirme o descarte que Rajoy sea uno de los testigos, entre otras cuestiones, y quede fijada definitivamente la jornada en que comience la vista oral. Se esperan tres meses de intensas jornadas y una sentencia rozando el verano, siempre después de la celebración de los comicios autonómicos y locales.
LOS ACUSADOS
En todo caso y si no surge ninguna complicación a finales de enero habrán sido trasladados ya a Madrid, para estar a disposición del Alto Tribunal, el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos están en estos momentos en prisión preventiva en Cataluña, tras haber sido trasladados el pasado verano y pendientes también de que el Constitucional resuelva sobre sus recursos de amparo contra su larga permanencia en prisión antes del juicio. En unos días llegará la resolución sobre el recurso de Junqueras y, a partir de ahí, se marcará la pauta a seguir para las impugnaciones de sus compañeros.
Si el TC no les da la razón, volverán en breve a pisar cárceles madrileñas. Allí esperarían a que llegue su momento ante la imponente sala de Plenos del Supremo, donde tendrá lugar esta vista por ser más amplia que la asignada usualmente a la Sala de lo Penal.
Se garantizará la presencia de un cupo de dos o tres de familiares por acusado, aseguran desde la institución; se pondrá en marcha un plan de seguridad para la ocasión; se habilitarán jornadas de ocho horas, tres días a la semana (de martes a jueves) de juicio intensivo con posibilidad de traducción si optan por usar el catalán y se procurará que los jueces almuercen dentro del tribunal para apurar el tiempo. Mientras, los políticos catalanes harán lo propio, juntos, en una habitación que se les está preparando en el recinto con este fin.
Asimismo está previsto que lleguen cuando el resto de los presentes esté acomodado, a fin de evitar fotografías e imágenes en pasillos distintas de las oficiales, que serán las que se distribuyan a toda la prensa. Como las imágenes del propio juicio, de cuya realización se encargará personal técnico del Supremo y que evitará primeros planos o búsqueda de reacciones a testimonios.
