Oídos los 12 acusados y los 422 testigos, y examinada la prueba pericial y documental, que en este caso fue una especie de cine fórum, el juicio del ‘procés’ alcanzará esta semana su clímax. Tras cuatro meses de sesiones las acusaciones desplegarán los argumentos con los que esperan convencer al tribunal de que condene a quienes ocupan el banquillo. Una semana más tarde, las defensas harán lo propio pero para lo contrario: tratar de lograr su absolución.
Las acusaciones han llegado aquí tan separados como empezaron. La fiscalía no se ha movido un ápice de la rebelión y perlará su alegato final de situaciones violentas y hostiles; de acosos y escraches a las fuerzas de seguridad desplazadas a Cataluña para impedir el referéndum ilegal.
La Abogacía del Estado, en cambio, cataloga lo ocurrido en el otoño de 2017 como sedición, porque tumultuariamente se quiso impedir cumplir resoluciones judiciales de la operación Anubis. Y Vox llega al absurdo de pedir tres veces más pena que el fiscal por rebelión y organización criminal; así para el máximo responsable de la Generalitat entonces, a disposición de la justicia española, el exvicepresidente Oriol Junqueras, pide 74 años de cárcel frente a los 25 de la fiscalía y los 12 de la abogacía.
Enfrente estarán las defensas, que de una forma coordinada (solo ha desentonado la del ‘exconseller’ Joaquim Forn, pero más en la forma que en el fondo) sostendrán que aquello que retransmitieron las televisiones de todo el mundo no fue delito, sino el mero ejercicio de derechos fundamentales (de reunión, manifestación, libertad ideológica y expresión). L
a única modificación incluida en sus escritos fue añadir la circunstancia eximente que te salva de castigo por actuar en cumplimiento del cargo o para garantizar esos derechos.
EL 20-S
Tanto una posición como otra se basa en el 20 de septiembre. La fiscalía sitúa ahí el inicio de lo que llama "situación claramente insurreccional", haciendo suya la frase que el teniente coronel Daniel Baena usó en el juicio y que completa con "los 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades que se produjeron en los diferentes centros de votación frente a la actuación de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre", acosos a cuarteles, comisarías, hoteles donde se alojaban agentes y sedes del PSC.
En cambio, para las defensas la concentración de hasta 40.000 personas frente a la Conselleria d'Economia fue "un ejemplo de civismo y del carácter pacífico presidido por las movilizaciones organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC)" u Òmnium Cultual "en protesta con una actuación judicial que consideraban desproporcionada".
Como mostró el abogado de Forn, Javier Melero, con su único vídeo, ha habido hechos mucho más graves en manifestaciones "sin acusaciones tan absolutamente desorbitadas" como las formuladas en este juicio "por concentraciones donde nadie sufrió un rasguño". "Esta diferencia radical solo se explica por razones políticas", dice el expresidente de la ANC Jordi Sànchez en su escrito.
EL 1-O
En cuanto al 1-O, la fiscalía hace hincapié en que el entonces presidente de la Generalitat, el huido Carles Puigdemont, Junqueras y el resto de acusados asumieron el riesgo de violencia que había al mantener la votación ilegal.
La defensa argumenta que ellos esperaban que la policía actuara "con la proporcionalidad" del 9-N del 2014. Añade: "Curiosa rebelión o sedición esta en la que los ciudadanos, blandiendo por mayor arma una urna, al acabar la votación regresan a su casa".
Y aunque todo en el juicio gire en torno a la violencia, el delito de malversación que implícita o expresamente se atribuye a los exmiembros del Govern no deja de suponer 7 años de cárcel. Las defensas niegan no solo el gasto sino también el compromiso de pago, que es justo la piedra angular de la acusación del fiscal y la Abogacía del Estado.
