Se avecinan tiempos duros para la UGT de Andalucía en términos económicos. La Junta de Andalucía eleva ya a 15,3 millones de euros la cantidad cuya devolución exige al sindicato por diversas ayudas concedidas en los últimos años y que no se han justificado debidamente o presentan irregularidades.

Se trata de los primeros pasos del procedimiento de reintegro, aunque hasta ahora el sindicato no ha logrado convencer de forma convincente a los funcionarios de la administración con respecto a otros cinco expedientes similares, y que ya tienen una propuesta de resolución en firme exigiendo la devolución de 4,9 millones de euros. A esta cifra se suman ahora otros 10,4 millones de euros, según ha anunciado este jueves por la mañana en comisión parlamentaria el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, en los que UGT-A todavía tendrá posibilidad de alegar y presentar nueva documentación justificativa.

La revisión interna de la Junta de Andalucía no es la única que pone en apuros al sindicado, cuyos máximos dirigentes en los últimos quince años, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla han sido ya citados a declarar en los próximos días por un juzgado de Sevilla que investiga la supuesta financiación ilegal de UGT-A mediante el desvío de fondos públicos para subvenciones con facturas falsas.

También la jueza del número 6, Mercedes Alaya, investiga la participación del sindicato en el desvío de fondos para cursos de formación impartidos por empresas del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, así como el cobro de sobrecomisiones por participar en la tramitación de las prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía sin haber prestado ningún servicio que justificara esos cobros.