La Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha iniciado el trámite para despedir al exministro socialista Bernat Soria y al también investigador de esta entidad Shom Shanker, según han confirmado fuentes próximas a la fundación. En el caso de Soria, el motivo para rescindir el contrato es el de "romper la exclusividad" laboral, "al compaginar la actividad privada con su contrato público en una fundación de la Junta de Andalucía que exigía claramente exclusividad".
Ambos investigadores tenían abierto un expediente informativo por la anterior Administración socialista de la Junta, el de Soria con fecha de 8 de enero pasado y el de Shanker de octubre pasado, y este jueves el patronato de la fundación ha conocido un informe jurídico de Price Waterhouse que ha sido determinante para decidir el despido de ambos.
Los dos investigadores, que desempeñaron la máxima responsabilidad en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), tenían un salario anual de 150.000 euros, que en el caso de Soria se veía incrementado en 5.000 euros más en concepto de exclusividad. Según el informe jurídico de la referida consultora, Bernat Soria vulneró los términos de exclusividad además de haber actuado con mala fe contractual, ya que mantuvo relación con dos empresas del mismo sector de investigación que el Cabimer, cosa que nunca comunicó.
Además, en una de esas empresas una hija de Soria actuaba como administradora y él mismo como apoderado, lo que el citado informe jurídico considera una argucia legal por haber empleado a su hija para ocultar su actividad real.
En el caso de Shom Shaker, el expediente se inició por no haberse ocupado de un investigador que no acudía a su puesto de trabajo. El investigador absentista ya fue despedido por su incomparecencia en el puesto de trabajo.
El pasado martes, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, afirmó que Bernat Soria "es el trabajador de la Junta que más cobra" y aseguró que se actuaría con "firmeza ante posibles fraudes laborales a la administración con independencia del cargo político y del nombre del responsable".
