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La justicia complica la investidura de Sànchez

El TC rechaza excarcelarle mientras no resuelva el recurso de amparo. El juez Llarena da de plazo hasta el martes al fiscal y a las acusaciones

 

EL PERIÓDICO
08/03/2018

Cuando se propone como candidato a presidir la Generalitat a una persona que está en la cárcel, las posibilidades para ser elegido no solo pasan por los apoyos que pueda recabar en el Parlament; también dependen del juez que le mantiene en prisión.

Por eso las opciones del líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez para ser elegido el próximo presidente catalán están en manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien ayer concedió un plazo de cinco días a la fiscalía, Vox y la Abogacía del Estado para que se pronuncien sobre su última petición de libertad y las presentadas en el mismo sentido por el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Ni la de Forn ni la de Cuixart presentan una urgencia mayor que la de no estar en prisión más tiempo del imprescindible, puesto que ninguno tiene escaño en el Parlament, pero la de Sànchez –que no llegó hasta ayer mismo al alto tribunal– solicitaba expresamente su libertad provisional «o, en el improbable caso de no acceder a tal petición, se le otorguen permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura previsto para el día 12».

Es el lunes cuando acaba el plazo para que se pronuncien las acusaciones, por lo que si lo apuran, el magistrado no se pronunciará antes. Además, hasta ahora la fiscalía siempre se ha opuesto a su excarcelación, incluso para permisos puntuales con los que asistir al Parlament. Vox, por su parte, ya anunció que se opondrá a que quede en libertad.

La defensa del candidato a presidente, ejercida por el abogado Jordi Pina, sostiene que el juez debe pronunciarse sobre el permiso para asistir al Parlament de forma independiente, y por ello presentó ayer otro escrito ante el Supremo para solicitar a Llarena que le deje ir al pleno de su investidura. Y que, en cualquier caso, resuelva la incógnita antes del lunes.

Las anteriores resoluciones del juez Llarena dejan poco margen para pensar en que pueda acordar la excarcelación de Sànchez o concederle un permiso para asistir al pleno de investidura, cuya convocatoria, en cualquier caso, siempre puede ser retrasada por la Mesa del Parlament, de mayoría independentista, si el Supremo no se pronuncia antes de la prevista actualmente, a las 10 horas del día 12. El juez ya le negó el permiso para participar en actos electorales en la campaña del 21-D, en la que figuraba como número dos de Junts per Catalunya.

En todos los autos dictados hasta el momento, el argumento para mantener en prisión a Sánchez ha sido el mismo: el riesgo de reiteración delictiva ante el poder de movilización social demostrada por el imputado en la causa que se sigue en el alto tribunal por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Esa hipotética reiteración también se aplica a los otros presos: Junqueras, Forn y Cuixart.

EL CONSTITUCIONAL / Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad dejarle en libertad mientras resuelve el recurso de amparo que interpuso contra la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviarle a prisión el pasado 16 de octubre.

El alto tribunal sostiene que levantar la prisión supondría dejar sin efecto la propia impugnación, por lo que es reiterada jurisprudencia constitucional no pronunciarse sobre prisiones preventivas, y le recuerda que ahora se encuentra preso no por orden de la magistrada, sino por decisión del magistrado Llarena, cuyas resoluciones no ha recurrido ante él.