Las instituciones y partidos vascos han discrepado hoy sobre cómo hacer frente al pago de la multa de 30 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por no haber recuperado a tiempo las ayudas fiscales ilegales concedidas a empresas vascas en los años noventa.
El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han lamentado la imposición de esta sanción, a pesar de que su cuantía ha quedado rebajada a más de la mitad, ya que la Comisión Europea proponía que superara los 64 millones de euros.
Aunque la multa recae sobre España, las instituciones vascas asumen que serán las que tendrán que hacer frente al pago, que deberá hacerse efectivo en un plazo de 20 días hábiles desde la que Comisión Europea notifique la sanción al Gobierno central.
El fallo precisa que el proceso de recuperación de las ayudas declaradas ilegales se prolongó durante más de cinco años desde la sentencia de 2006, cuyo límite para obtener ese dinero era el 7 de agosto de 2008.
Las conocidas como "vacaciones fiscales vascas" englobaron tres medidas vinculadas a la exención del impuesto de sociedades, la reducción de la base imponible de ese impuesto y al crédito fiscal del 45 % del importe de ciertas inversiones, de las que se beneficiaron unas 300 empresas.
Al conocer la sentencia, el Gobierno Vasco la ha calificado de "excesiva" y "desproporcionada" porque considera que las ayudas ya fueron recuperadas en su totalidad, aunque a la vista de las divergencias entre las diputaciones sobre cómo repercutir el pago de esa multa, les ha pedido "responsabilidad" hasta conocer la decisión que adopte el Estado respecto al cobro de los 30 millones.
El consejero vasco de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha confiado en que todo se resuelva mediante el diálogo en el marco del Consejo Vasco de Finanzas.
La Diputación de Álava, gobernada por el PP, ha propuesto que el Gobierno Vasco asuma el 70 % de la multa y que el 30 % restante lo abonen las tres entidades forales en función de los coeficientes marcados por la Ley de Aportaciones, que en el caso de Álava es del 16,6 %, Gipuzkoa el 33 % y Bizkaia el 50 %.
El diputado general alavés, Javier de Andrés, ha rechazado la propuesta de Bizkaia de que cada institución se haga cargo de la sanción en función de las cantidades que se debían recuperar en cada territorio y ha culpado al PNV porque era el partido que gobernaba las tres diputaciones cuando tenían que recuperarse las ayudas.
El máximo mandatario de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), ha secundado la opinión del Ejecutivo de pactar el pago en el seno del Consejo Vasco de Finanzas y la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, ha considerado "una tragedia" que los ciudadanos vascos tengan que hacer frente ahora a esta multa, que responde a que los responsables forales de PNV-EA no recuperaron a tiempo las ayudas.
En este mismo sentido se ha pronunciado EH Bildu, que ha acusado al PNV de haberse dedicado en los años noventa a "diseñar" todo un sistema "de evasión fiscal", por lo que ha reclamado a los responsables de este partido que sean quienes paguen la multa.
Los socialistas vascos también han considerado que éste es el coste de la "prepotencia" del PNV y el PP al frente de las instituciones forales.
La patronal vizcaína Cebek ha calificado de "absolutamente desmesurada" su cuantía y ha opinado que las instituciones vascas hicieron en los años noventa lo que tenían que hacer, que era impulsar la actividad económica.
También se ha pronunciado sobre este asunto La Rioja, cuyo presidente, Pedro Sanz, ha mostrado su satisfacción por la sanción sobre las "vacaciones fiscales", denunciadas en su día por su Ejecutivo al considerarlas una competencia desleal, y ha confiado en que el Gobierno central sepa trasladar la multa "a quien cometió el error o ese abuso".
